Por Carlos Moratorio.
Diariamente nos desayunamos con la aparición de nuevos atentados contra la propiedad privada en el campo argentino. Las características de los ataques son siempre similares. Se producen en la zona centro del país, con un objetivo concreto, los granos almacenados en los llamados silobolsas, o en su defecto con algún incendio intencional. Los hechos se repiten, las entidades rurales casi como por obligación hacen pública su queja y las autoridades nacionales y provinciales poco se involucran.
Estos actos vandálicos, de por si repudiables, se inscriben en un contexto de división nacional pocas veces vista en la historia cercana del país. Desde la época de la resolución 125, ideada por el exministro Lousteau, ministro de la entonces Presidente Cristina de Kirchner, la relación entre las fuerzas populistas y los productores agropecuarios se ha tornado irreconciliable. Aquella vez terminó en un empate de fuerzas, pero los renovados K, insuflados de un nuevo periodo en el Gobierno, parecen querer continuar con aquella lucha del 2008.
En medio de semejante aguacero, al Presidente Alberto Fernández se le ocurrió ponerse a regar. Con aire suficiente y en nombre de postulados muy chavistas, se despachó con la decisión del Gobierno que teóricamente preside, de expropiar a la firma Vicentin, una empresa de primera línea del sector agropecuario nacional. El rechazo regional a la medida, y la fortaleza de un Juez que tiene clara su misión, ha retrasado un choque que de una manera u otra se presentara en el nuboso horizonte argentino.
Volvamos a los silosbolsas, a los granos afectados, a los productores que tienen pérdidas millonarias en momentos de crisis y en un panorama de incertidumbre. El accionar terrorista es casi de naturaleza académica. Su objetivo no parece otro que doblegar la voluntad de miles de productores, para que acepten de una vez por todas que su propiedad debe ser compartida con el Gobierno de turno. El primer paso es el más practicado: El agobio fiscal. Luego le sigue la presión constante con los atentados y luego la decisión legal de meter al Estado dentro de fértiles campos argentinos.
Para colmo de males los gobernantes ni siquiera se encargan de disimular. El derecho de propiedad de los productores parece no ser estratégico para nuestros gobernantes y la indefensión se apodera del sector agropecuario, la que se suma a la incertidumbre antes apuntada.
Estamos a un paso de la batalla campal en pleno campo. Los productores que ya no encuentran quien los defienda, defenderán lo suyo. Los agresores, con un guiño por parte de la alta política, no piensan dar un paso atrás.
El Estado debe tener el monopolio de la fuerza, siempre y cuando garantice el derecho a la vida, la propiedad y la libertad que establece la Constitución Nacional. Si no lo hace, pasaremos rápidamente a la ley de la selva.
Paremos esto mientras se pueda.
Carlos Moratorio
Abogado. Director de la Fundación Club de la Libertad.
