Ciberataque al Poder Judicial, una oportunidad para pensar alternativas

Por: Santiago Piñero (*)

Apenas inaugurado el año 2022 el sistema informático del Poder Judicial de la Provincia del Chaco fue víctima de un ciberataque. Las autoridades respectivas resolvieron ante tal situación la suspensión de términos y audiencias hasta, al menos, el día 13 de febrero, atendiendo de manera exclusiva cuestiones “urgentes”.

Si bien aún no han sido informados oficialmente los daños concretos causados al sistema, principalmente en lo atinente a destrucción y/o sustracción de información o documentos, ni se ha puesto a conocimiento público la determinación de responsabilidades específicas, sean estas por acción u omisión, bien vale la pena reflexionar respecto al servicio público de justicia en sí mismo.

Por lo general, frente a la ineficiencia de la administración pública en cualquier rubro, la sociedad argentina acostumbra a limitar su discusión a las personas encargadas de administrar los bienes y servicios en cuestión, omitiendo la consideración hacia el funcionamiento propio del sistema. Pese a las largas décadas de decadencia y encarecimiento de estos servicios, la opinión pública insiste en pretender resolver el problema con la simple sustitución de un funcionario por otro.

Es obvio que no es irrelevante la determinación de quién ejerce un cargo específico, sin embargo más importante resulta advertir los mecanismos e incentivos con que se desarrolla la actividad pública en sí misma (mecanismos e incentivos distintos, prácticamente contrapuestos a los del sector privado), pues estos mecanismos determinarán las posibilidades del funcionario en cuestión y guiarán su actuación en un sentido u otro.

La escuela austríaca de economía nos ilustra muy claramente al respecto. Por un lado, en cuanto a las serias dificultades de desarrollar cálculo económico que afecta a cualquier ente público, vinculado a la incapacidad de relacionar adecuadamente ingresos y egresos y así obtener una administración eficiente de los recursos; por otro, en lo relativo a la corrección de inconsistencias entre utilidad ex ante y utilidad ex post, la cual resulta severamente obstaculizada en el sector público.

Sin entrar en detalle respecto a estas cuestiones, me parece no obstante tan interesante como evidente plantear la posibilidad de desarrollar alternativas al servicio público en lugar de simplemente esgrimir críticas personalizadas o partidarias.

La reflexión que quisiera generar es la de que pretender un servicio monopólico (en este caso de justicia) implica tener que someternos como sociedad a un único criterio de solución de conflictos. No me refiero exclusivamente a conflictos jurídicos o legales sino incluso a conflictos como el que un ciberataque al sistema plantea. Nos hemos (mal) acostumbrado a que ciertos servicios sean administrados de manera exclusiva y excluyente por el gobierno, olvidando que en un mundo en el que los recursos son escasos y la necesidades infinitas, la eficiencia sólo puede resultar de la libre competencia.

Mi intención es llamar la atención en cuanto a que, frente a un ciberataque o cualquier otro daño que nos afecta como usuarios de un servicio público, en este caso de justicia, nos vemos en la imposibilidad de sustituir a nuestro proveedor debiendo en cambio someternos a su criterio de “solución”. Resulta difícil denominar “servicio” a tal situación.

Ahora bien, no debemos perder de vista que esta situación de desamparo y coacción que sería inconcebible en otros órdenes de la vida, seguirá pareciendo inevitable y causando constantes lamentaciones y frustraciones en cuestiones como por ejemplo justicia y seguridad, en tanto y en cuento no comprendamos sus causas y advirtamos sus inherentes vicios.

En el mismo sentido que el cálculo económico y la optimización de utilidades, la descentralización es un requerimiento fundamental para el funcionamiento de la sociedad abierta, y el servicio de justicia (como cualquier otro) no escapa a dicha realidad. La descentralización va de la mano de la amplitud, dinamismo y dispersión del conocimiento y la información, que caracteriza a las sociedades modernas. No de otro modo podrían estas desarrollarse, pues la cantidad de información que puede concentrase en un ente centralizado sólo puede ser muy limitada y estática.

Es amplia la variedad de intelectuales vinculados al ámbito jurídico, herederos de la mencionada escuela austríaca de economía, que han desarrollado estas ideas y esgrimido propuestas específicas (Friedrich Hayek, Bruno Leoni, David Friedman, Israel Kirzner, Ricardo Rojas, Bruce Benson, Robert Murphy, José Hernández Cabrera, Terry Anderson, entre otros).

Insisto, sin restarle importancia a la discusión sobre responsabilidades puntuales así como respecto de la vulnerabilidad de un sistema informático determinado, creo que sería interesante cuestionar las bondades y perjuicios de las administraciones monopólicas y evaluar seriamente la apertura de servicios a los fines de permitir el surgimiento de alternativas que amplíen las opciones para los usuarios al tiempo que descompriman al sector público.

(*) Piñero Juan Santiago

Abogado

Coordinador del equipo de homenajes del Club de la Libertad