1) Desburocratización para un gobierno transparente
El costo que impone la administración estatal sobre el sector productivo del país es insoportable. Sin tener en cuenta la carga fiscal, tan sólo las regulaciones kafkianas, la opacidad de los procedimientos públicos que favorecen prácticas de corrupción hacen del “costo argentino” algo impagable. Esta situación debe cortarse de raíz. ¿Cómo? Con una simplificación absoluta de las reglas y normas de la actividad económica y productiva. Y para ello una herramienta esencial es el e-government.
Proponemos de forma urgente: la digitalización de la totalidad de los trámites estatales y procesos administrativos en los tres poderes de cada uno de las jurisdicciones de gobierno; la automatización de los cálculos tributarios personales y empresariales por parte de la AFIP con emisión de recibo para el pago en reemplazo de todo sistema de declaración jurada y la facilitación de la apertura de empresas en menos de 24 horas de manera digital y online.
2) Sustentabilidad fiscal
Un sistema fiscal sostenible y transparente debe ser, a la vez, pagable para los contribuyentes y sencillo de entender y cumplir. Cuando las alícuotas son demasiado onerosas o el código fiscal requiere de un batallón de contadores y abogados para su comprensión, el sistema se vuelve insostenible, opaco y el último término, injusto.
El tortuoso tinglado impositivo de la Argentina debe ser reemplazado por un sistema ágil, moderado y sencillo. Específicamente para las empresas, la principal característica que debería tener es que, tanto las ganancias que se conservan en sus arcas o las que se reinvierten, no sean gravadas. Esto significa que todo el dinero que ingresa a la cuenta de una empresa o se utiliza para erogaciones justificables no paga impuestos. De esta manera, empresas que están recién comenzando y luchan por generar riqueza no tienen que preocuparse por pagar nada más allá de sus gastos. El objetivo es claro: fomentar el espíritu empresarial, el emprendedorismo y el crecimiento de los negocios en el país.
3) Innovación y economía de la inteligencia
Debemos propiciar un cambio de mentalidad en las autoridades para que comprendan que la innovación, los nuevos productos, servicios y modelos de negocios deben estar, en principio, siempre permitidos. La innovación, por así decirlo, debe gozar del principio de presunción de inocencia. De esta forma, la resolución de problemas queda en manos de respuestas imaginativas y no de regulaciones y prohibiciones que entorpecen y ahogan el espíritu emprendedor.
¿Queda algún rol para el Estado respecto de la innovación? Sí. Un control mínimo para salvaguardar a la población. Una fórmula de 90% innovación + 10% regulación (nunca al revés). Argentina debe fomentar la creatividad local, atraer el talento extranjero y transformarse en la capital latinoamericana de la economía de la inteligencia.
4) Una moneda para ahorrar
El peso argentino ha sido víctima del abuso político para el financiamiento estatal, reiterando sucesivos episodios inflacionarios e hiperinflacionarios. Para que las personas nos podamos proteger de la inflación e inestabilidad cambiaria es fundamental la Abolición del Curso Forzoso. Ello significa la posibilidad del uso unilateral de cualquier moneda (euros, dólares, francos suizos, etc.) para el pago de salarios, deudas, intercambios comerciales y/o la realización de cualquier tipo de contratos entre privados.
Más importante aún nos parece la total legalización de las llamadas Criptomonedas y todo tipo de activos cripto. Así, las mismas deben poder servir como medio de pagos y transacciones cuando las partes involucradas así lo deseen. Por añadidura, todo comercio que cuente con los medios técnicos para realizar cobros en monedas como Bitcoin, Litecoin, Monero, etc. debe poder hacerlo sin ningún tipo de obstaculización regulatoria.
Una discusión seria, adulta y profunda respecto de si nuestras autoridades están capacitadas para acuñar moneda debe ser dada públicamente. Mientras esperamos qué se decide respecto de la existencia del BCRA, la indexación de contratos privados y el ajuste de balances por inflación son una necesidad imperativa. De igual manera, un tope legal tanto a la emisión monetaria como a la capacidad de endeudamiento del estado debe ser establecido.
5) Derechos 3.0
Los argentinos tenemos que recuperar la capacidad de proteger nuestras vidas y las de nuestras familias, así como nuestro trabajo. La libertad sindical es esencial para esto. Es ofensivo que en el siglo XXI siga habiendo afiliación y aportes compulsivos a sindicatos. De igual forma hay que abrir la posibilidad de libre elección en el ahorro jubilatorio. El estado puede muy bien promover un mínimo obligatorio de aportes. Pero es necesario que existan opciones privadas para administrar dicho mínimo y posibles aportes adicionales que los ciudadanos quieran hacer. Se deben también considerar alternativas público-privadas para las Cajas Jubilatorias estatales que poseen un historial tan ruinoso.
Por su parte, un subsidio a la educación y a la salud a través de bonos financiados con el presupuesto de los Ministerios de Educación y Salud Pública pondrían a las decisiones educativas y sanitarias bajo en control directo de los ciudadanos en lugar de las actuales burocracias anónimas.
Finalmente, un Ingreso Único (IU) debe reemplazar a la plétora de programas y ayudas hoy existentes. Apuntado a niños en condición de pobreza, personas con discapacidades severas, desempleados y jubilados sin aportes. Naturalmente, en el caso de personas en edad laboral, se deben incentivar la capacitación y la vuelta al trabajo. En el caso de la población económicamente activa, el IU es una ayuda temporal para volver a ponerse pie, no un modo de vida.
Firmantes Declaración 5 Puntos
Ricardo López Murphy, Fundación Cívico-Republicana (CABA)
Ana Caprav, Amagi (CABA)
Alberto Medina Méndez, Club de la Libertad (Corrientes)
Aldo Abram, Fundación Libertad y Progreso (CABA)
Agustín Spaccessi, Fundación LiberAr (Córdoba)
Martín Simonetta, Fundación Atlas 1853 (CABA)
Cecilia Vásquez Ger, Instituto Acton Argentina (CABA)
Jose Guillermo Godoy, Fundación Federalismo y Libertad (San Miguel de Tucumán)
Cristian Moreno, Estudiantes por la Libertad
Pablo Benítez Jaccod, Progreso y Libertad (Neuquén)
Mariana Nunes, Fundación República Liberal (Mendoza)
José Cambareri, Asociación de Contribuyentes (CABA)
Jeremías Morlandi, Centro de Estudios Argentina Siglo XXI (CABA)
Alberto Cohan, Asociación Civil Río Paraná (Santa Fé)
Eduardo Marty, Fundación para la Responsabilidad Intelectual (CABA)
Nicolás Yacoy, Instituto Ágora (CABA)
Agustín Laje, Fundación Libre (Córdoba)
Antonio Fratamico, Fundación Apolo (CABA)
Magdalena Lutz, Ateneo Alberdi (Vicente López)
Orlando Litta, Libremente (San Nicolás)
Iván Gyoker, Práctica Ciudadana (Chaco)
Martín Boggio, Fundación von Humboldt (Mendoza)
Álvaro Alsogaray (h), Centro de Estudios Libre Reflexión (CABA)
Daniel Pereyra, Cátedra Alberdi (Mendoza)
Miguel Arancibia, 1852 (San Juan)
Marcelo Cammisa, Fundación Liberal Republicana (Córdoba)
Federico N. Fernández, Fundación Internacional Bases (Rosario)