José Luis Espert
Economista. Titular de Espert & Asoc. Premio a la Libertad 2009, otorgado por la Fundación Atlas para una Sociedad Libre.
En los albores del Rodrigazo , la recaudación de impuestos sumando los 3 niveles de gobierno (Nación, provincias y municipios) era de 17% del PBI. Con datos cerrados de 2013, casi 40 años después de semejante crisis, ese índice fue el doble, 34% del PBI, equivalente a más de $1.050.000.000.000. Sí, más de 1 millón de millón de pesos, o sea, más de $ 1 billón, récord en la historia argentina. Jamás un gobierno tuvo tanta plata como el de los Kirchner.
Pero dado que la evasión anda por el 33%, la presión impositiva sobre los que están en blanco ronda el 50% del PBI (la mitad del año trabajando para el Estado), cifra similar a la de muchos países de la OCDE (ricos) con 3 y 4 veces nuestro ingreso per cápita. Un absurdo total porque lo que se lleva el Estado del esfuerzo privado vía impuestos debería tener relación con el nivel de ingreso que generan esos privados, independientemente de la calidad del gasto público.
Pero hay más. Los que están en blanco con el 50% de presión impositiva son los que crean puestos de trabajo con la correspondiente cobertura previsional y médica, capacitan a su personal, desarrollan sus programas de responsabilidad social y en muchos casos compiten con el exterior generando ganancias de productividad y competitividad que colaborarían con el crecimiento sostenido a tasas altas (si el país las tuviera).
Adicionalmente al hecho de que el sector privado entrega al Estado la mitad de su valor agregado a través del sistema impositivo, no recibe nada como contrapartida. La seguridad estatal defecciona, razón por la cual tiene que contratarse una privada. Lo mismo pasa con la educación, la salud y en algunos casos, hasta hay productores agropecuarios que arreglan ellos mismos los caminos de tierra en los que están sus campos a pesar de que pagan una tasa especial para que el municipio se los mantenga. O sea, el 50% de presión impositiva (o su contraparte, el gasto público) de país rico es, básicamente, una apropiación del Estado contra los privados.
Una forma menos ácida y más idílica de mirar el gasto público de $ 1,2 billón o 38% del PBI, sería verlo como una gran transferencia de ingresos (cero valor agregado) desde los que pagan impuestos hacia los beneficiarios del gasto público. Aún así, medio cara la transferencia ¿no? Ahí tenemos (2013) $ 400.000 millones de salarios de empleados públicos, $ 280.000 millones de jubilaciones y pensiones, $ 200.000 millones de subsidios económicos y sociales, $200.000 millones entre los que prestan bienes y servicios al Estado y los que hacen obra pública, $80.000 millones de gastos corrientes varios y $40.000 millones de intereses de la deuda pública. Por si lo anterior no fuera suficiente, entre empleados públicos, jubilados y beneficiarios de planes sociales hay casi 12 millones de personas. Más del 40% del padrón electoral. Clink caja
Pero los problemas con el gasto público no terminan con su ineficiencia y clientelismo independientemente de que sea considerado como una apropiación o una transferencia, sino que continúan con el hecho de que, al no parar de crecer por encima de la recaudación, provoca déficits fiscales cuyo financiamiento, de tanto tirar de la cuerda del crédito, llega un momento que entra en crisis, hace colapsar la economía al producir defaults, licuaciones, confiscaciones, punciones, pesificaciones, etc., con consecuencias dramáticas sobre la pobreza, la indigencia y la distribución del ingreso.
Veamos las cinco crisis de los últimos 40 años de historia. El Plan de Inflación 0 de Gelbard terminó en el Rodrigazo. La tablita de Martínez de Hoz, en las descontroladas de devaluaciones de Sigaut. El Plan Austral, en el Austral II, El Primavera, en la hiperinflación. La Convertibilidad, en la peor crisis de la historia, y El Modelo de la Década Ganada, en Estanflación, fenómeno que no sufríamos desde hacía décadas y que casi ningún país razonable del mundo experimenta hoy.
Incluso, el déficit fiscal que quebró a cada uno de los anteriores planes económicos viene decreciendo a lo largo del tiempo, demostrando que el Estado argentino tiene, tendencialmente, cada vez menos crédito privado tanto interno como externo. El Rodrigazo ocurrió con 12% del PBI de déficit fiscal. El fin de la tablita, con 11%; la hiperinflación, con 8.5%; el fin de la convertibilidad con 7% y la Década Ganada terminó con el cepo cambiario cuando el desequilibrio de las cuentas públicas llegó a 4% del PBI.
¿Quién decide ese nivel insostenible, clientelista y corrupto del gasto público que genera crisis de manera cíclica causándonos (entre otras) una decadencia secular? La clase política que cada año lo vota en los presupuestos.
A su vez ¿quién vota a semejantes irresponsables generadores de crisis y decadencia? La sociedad argentina amante del Estado gigante, empresario, benefactor, que redistribuye, que cuida los precios, que analiza las cadenas de valor, que «crea derechos», etc. Recordemos sino el rechazo social que causó la baja de salarios estatales que propuso López Murphy en 2001, fracaso que después fue en parte causa de la confiscación de los depósitos privados, a pesar de que muchos ahorristas se sintieron indignados por aquel fallido ajuste fiscal.
Pero en el comienzo del siglo XXI tropezamos, gobernantes y gobernados, de nuevo con la misma piedra. Otra vez idéntica torpeza, cinco veces igual en 40 años.
¿Y nosotros tuvimos un Borges, Milstein, Leloir, Houssay?
