En abril de 2019 las plataformas digitales de delivery (Rappi, Pedidos Ya y Glovo), fueron sorprendidas por un infortunio judicial, puesto que la justicia porteña pidió el cese de las actividades en la ciudad al gobierno de Horacio Larreta hasta cumplir con lo estipulado en el Código de Tránsito y Transporte. Pero la medida no tomó más relevancia que eso ya que los trabajadores de dichas aplicaciones seguían repartiendo pedidos de manera normal por todo el territorio de CABA. El viernes 2 de agosto, el juez Roberto Gallardo redobló la apuesta y dispuso la inmediata suspensión de las aplicaciones que no hayan cumplido con lo proscripto en la Ley 5.526, este anuncio si empezó a hacer ruido entre los repartidores, puesto que para hacer efectiva la medida se pondrían puestos de control policial con el objetivo de identificar a los repartidores de Rappi, Glovo o PedidosYA y controlar que utilicen el casco, el chaleco refractario, la caja fija a la moto o bicicleta (no como mochila), y además contar con libreta sanitaria. Si no se cumplíeran estas directivas, la mercadería sería decomisada y remitida al área de análisis bromatológico del Gobierno de la Ciudad o al laboratorio de análisis químicos de la Policía. La otra disposición del juez Gallardo, quien es titular del juzgado de Feria en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº2, fue la suspensión y bloqueo de las operaciones de las aplicaciones por medio de las empresas: Tarjeta Naranja S.A; Visa Argentina S.A; Mastercard Cono Sur S.R.L. y American Express Argentina S.A.
La justicia dio inicio al proceso judicial alegando que esto sería para combatir la precariedad laboral tras el reclamo recibido de la Asociación Sindical de Motociclistas mensajeros y Servicios (Asimm). A pesar de que claramente las intenciones del juez Gallardo son que las empresas que acataran el fallo estarían admitiendo una relación laboral con sus empleados, la que han negado permanentemente, y si la llegaran a reconocer, tendrían que ¨Blanquear¨ a sus empleados. El juez está apostando a que con esta medida las empresas inscriban a los repartidores en el Registro Único de Trabajadores en Motovehículos y Ciclorodados. Basándome en la idea de que las acciones tomadas por Gallardo son para combatir la precarización laboral que implica ser trabajador de una de estas empresas, podemos tranquilamente mostrar lo que en realidad va a ocasionar. Según un informe publicado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y CIPPEC, el 85% de los trabajadores dice estar satisfecho con su actividad, y si vamos más allá, para el 61% es su fuente principal de ingresos. 12.200 personas van a ser despojadas de su principal fuente de ingresos y otras 7.800 de una ayuda económica muy importante que le brindaba esta actividad. Teniendo en cuenta esto y que 12.000 locales de comida dejaran de tener una herramienta que les permitía incrementar sus ventas, sumado a la situación económica que atraviesa el país, la decisión tomada por el juez claramente es un duro golpe que va a recibir la economía no solo de los trabajadores, sino también de la ciudad. Para intentar frenar el caos que representaría lo anteriormente descrito, las empresas sacaron un comunicado en conjunto en el que afirman: «Nos unimos en una mesa de trabajo común junto al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el sindicato y la cámara empresarial, con el objetivo de colaborar para continuar desarrollando la actividad y encontrar nuevas maneras de impulsar su crecimiento dentro de un marco regulatorio acorde. Estamos siempre abiertos al diálogo porque entendemos que esa debe ser la actitud de las empresas innovadoras y por lo mismo consideramos que el debate debe generarse en un contexto en el que no se ataque al trabajo ni a todos los que formamos parte de la actividad» El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodriguez Larreta, consciente de la problemática y del impacto económico que va a tener esto, declaró contundentemente contra el fallo del juez, expresando: «La verdad que el juez Gallardo hace cualquier cosa. Además siempre después los fallos se los apelamos y le ganamos. Son fallos más políticos que otra cosa». Como se mencionó anteriormente, está claro que lejos de tener el efecto que pretendía el juez Gallardo, las acciones tomadas bajo sus directrices representan un rotundo golpe a la economía, pero creo que esto puede dar un puntapié a un debate que se debe la Argentina hace tiempo, ¿Es bueno oponerse al avance tecnológico con medidas regulatorias? Citando a Jesús Huerta de Soto “El desempleo es la consecuencia de la intervención de los gobiernos y sindicatos en el mercado laboral” y claramente este caso que hoy sacude al país no es la excepción. La Ciudad de Buenos Aires se vio desteñida de los colores rojo (Pedidos Ya), naranja (Rappi) y amarillo (Glovo) sobre las bicicletas que normalmente se veían en sus calles. Algunos locales dejaran de vender como antes y muchas personas que tenían la comodidad de contar con las aplicaciones para pedir alimentos entre otras cosas, dejarán de utilizar ese tiempo que lo destinaban en otras cosas, para suplantar el servicio de estos deliverys, el costo de oportunidad de no tener a disposición de los consumidores estas aplicaciones también es muy alto, y pese a que el impacto no es tan evidente, a nivel individual se puede notar. Es por esto que invito al lector a realizarse la misma pregunta, puesto que el país tiene que decidir entre avanzar con el paso de las tecnologías, o quedarse estancados por medidas tomadas como la del juez.
Lucas Romano Miller
Integrante del Club de La Libertad
