Por Juan Santiago Piñero (*)

Los precios no son ocurrencias de los vendedores, son un reflejo de acuerdos voluntarios, se conforman en el libre juego de oferta/demanda y su resultado es información que sirve al resto del mercado para adecuar su comportamiento correctamente y realizar una eficiente administración de recursos. Cuando un precio sube, es señal de que ha aumentado la demanda y hay un margen de ganancia en el rubro respectivo, al cual se dirigirán en consecuencia los productores, ávidos de obtener también dichas ganancias; el resultado será el crecimiento de la competencia, lo cual hará que los precios nuevamente bajen y se acomoden. Es caso inverso, cuando un precio baja, es señal de que los consumidores comienzan a rechazar el bien/servicio respectivo, alertando a los productores a retirarse y dirigir sus inversiones a sectores requeridos por los consumidores.

Cuando los precios son intervenidos por el gobierno, esta señal se corrompe, se altera, entorpeciendo al mercado y dañando la comunicación entre productores y consumidores, derivando en una ineficiente administración de los recursos.

El gobierno, por detentar el monopolio de la violencia, puede fijar precios legalmente, es decir, por la fuerza; lo que no puede hacer es evitar sus consecuencias: incremento de la demanda (superior al incremento de mercado), reducción de la oferta (inferior al de mercado) y contracción de la producción, o sea, reducción e incluso eliminación de los márgenes de beneficios, desechando a los productores marginales primero y a los más eficientes después. El resultado final no será otro que el desabastecimiento. Aquel producto cuyo consumo se pretendía “proteger”, desaparecerá.

Nótese el punto al que llega la irracionalidad de algunos de nuestros funcionarios que se vanaglorian de haber clausurado locales comerciales que no respetaban los precios fijados legalmente. ¿No se dan cuenta de que lo que les parecía caro antes de su intervención, dejó de existir luego de ella?

A la larga, la única forma de que dichos controles se sostengan sin generar desabastecimiento inmediato es decretar medidas de control adicionales: controles de precios de materias primas; controles de salarios; subvenciones; racionamiento de compras y ventas, etc., una catarata de medidas intervencionistas que sólo podrán terminar lográndose el control total de la economía, una economía completamente planificada e inmóvil, dirigida por el Estado, retrotraída finalmente a su precario estado inicial pero ahora sin lugar para la libertad individual, sin lugar para los intercambios libres, sin lugar para la creatividad, sin lugar para la humanidad: El Estado Totalitario.

Todos nos comportamos a lo largo de nuestra vida como consumidores y vendedores, es lógico que cuando compramos pretendamos pagar lo menos posible y cuando vendamos pretendamos cobrar lo máximo posible, es parte de la especulación que rige la acción humana y funcionar como motor de la evolución; lo extraño (y peligroso) es que no advirtamos dicha circunstancia y creamos que sólo los bienes/servicios que nosotros vendemos poseen un precio “justo”, mientras que los que venden los demás deban ser reducidos por la autoridad.

Si el funcionario realmente quiere reducir los precios lo único eficiente es liberar las fuerzas económicas incentivando la producción y la oferta, desregular las actividades a fin de generar competencia, respetar la propiedad privada, y por sobre todo, eliminar impuestos. Claro, ya no podrán usurpar el título de “salvadores” del pueblo, ya no podrán financiar sus actividades con impuestos, debiendo en cambio servir al prójimo a fin de obtener sus remuneraciones.

Las herramientas legislativas no deben ser usadas para establecer diferencias entre los individuos, debemos tener cuidado de alentar medidas restrictivas de las libertades individuales puesto que el resultado será, tarde o temprano pero indefectiblemente, completamente opuesto a aquel que buscamos.

Juan Sebastián Piñero