Por Rodrigo Altamirano.
125: para muchos, un número más dentro de la infinita cantidad de todos ellos, pero para el país, el significado de una transformación que pasaría a la historia. Ya pasaron 12 años de tal vez uno de los conflictos modernos más grandes que tuvo la nación desde el 2001. En un país aún entonces con los vestigios tras las sombras de una de las crisis institucionales más grandes que sacudieran a la totalidad de las ramas del gobierno, y en un contexto internacional todavía favorable, aunque no por mucho, la decisión de ejecutar la resolución que hasta hoy se conoce por sus tres dígitos, sin lugar a dudas mostraría al público los sutiles detalles de la vida cotidiana que no veíamos y hasta ni siquiera creíamos.
El campo hasta estas fechas sigue siendo la principal rama de la economía del país: motor de crecimiento, generador de divisas, y de reconocida reputación por ser los campos del “Granero del mundo”. Lo más lógico que puede pensar uno es que al ser todo esto, debe ser también uno de los sectores con menos trabas e imposiciones a la hora de poder desarrollarse libremente. Sin embargo, la historia nos demuestra que no: ya en 1912, en plena edad de oro del campo se daría el “Grito de Alcorta”, uno de los primeros conflictos entre los pequeños y grandes terratenientes, y cuyo mayor legado sería la creación de la Federación Agraria Argentina (que sería uno de los principales actores dentro de los conflictos del 2008); desde entonces, el campo pasaría a ser no solo un actor económico, sino ya también un actor con peso social y político, presente en todas las decisiones que involucraran la planificación del país a mediano y largo plazo.
Presencia que claramente no se tuvo en cuenta en los inicios de la primera administración de Fernández de Kirchner, cuando a tan solo 100 días de gobierno, y aprovechando una serie de factores (Alza en el precio de los commodities, boom de la soja, mediana estabilidad económica), se decide actualizar el vigente sistema de retenciones a la agro-ganadería (uno de los principales canales de recaudación impositiva y tributaria) por uno con movilidad; es decir, sujetando su aumento o disminución según equivalente comportamiento en los precios internacionales, y que buscaba aplicarse antes del mes de abril, y por ende de la cosecha de los principales granos para su venta y exportación, significando así una importante suba en los ingresos públicos por recaudación, y una reducción importante en las ganancias del agropecuario.
La reacción fue inmediata: las principales entidades que representaban al sector anuncian al día siguiente, 12 de Marzo, el inicio de un cierre patronal (Lock out) por 48 hrs, y que a partir del 25 del mismo mes, se decretaría por tiempo indeterminado, y que entre levantamientos y negociaciones, terminarían siendo cinco, contabilizando entre todos casi 100 días de inactividad. El conflicto enfrentó desde los grandes intereses agropecuarios hasta los más pequeños y medianos agricultores -los más afectados por esta decisión, al ver su margen de ganancias práctica y totalmente al pago de impuestos-, y sacaría a la luz otros conflictos que hasta entonces no cobraron importancia: oposición campo vs. industria, concentración de la tierra, etc. Lo que parecía un simple movimiento de protesta fue todo lo contrario: durante Semana Santa el corte de rutas impidió el tránsito para las vacaciones de muchos turistas, como así también empezaba a hacerse notar el desabastecimiento y la escalada de precios en productos básicos como la leche, carne o el aceite en las estanterías, que luego desembocaría en el racionamiento de los mismos para evitar su escasez, como también una disparada inflacionaria.
Claramente, el que parecía ser un gobierno que venía a continuar la moderación de su predecesor pasó a ser todo lo contrario: la continuidad del paro no fue por un “capricho” de los agro-ganaderos, sino la obstinada obsesión de la administración por decisiones de plano sumamente radical, representadas por un salvaje secretario de comercio, una porfiada presidente, y en el medio, un manoseado ministro de economía, que terminaría renunciando ante los incesantes conflictos ya no solo externos, sino los propiamente internos que empezaban a vislumbrarse dentro del poder ejecutivo, ante la cada vez mayor radicalización del conflicto, que llegó al punto de involucrar a todos los más diferentes sectores de la ciudadanía argentina.
La creciente polarización se vería fielmente reflejada en el intento de calmar las aguas: la vicepresidencia sugirió el tratamiento por vías legislativas del proyecto, en un intento de “democratizar” la decisión y darle un marco legal que lo sostenga, a lo cual se terminó accediendo. El proyecto, además de contener el nuevo sistema móvil de retenciones, incluía un “Fondo de Redistribución Social”, que sería financiado con lo recaudado por el nuevo mecanismo. El paso del mismo por la Cámara de diputados fue solo una pizca de lo que se vería luego: se aprobó y se pasaba la discusión al Senado luego de 129 votos a favor y 122 en contra. Cuando la madrugada del 17 de Julio de 2008 se inició la votación del proyecto, el resultado fue histórico: 36 a favor e igual número en contra; un empate, por lo que entonces debía pasar a dirimir la cuestión el Presidente del Senado, y Vicepresidente de la Nación, quien pronunciaría las famosas palabras: “Que la historia me juzgue. Pido perdón si me equivoco. Mi voto es no positivo, mi voto es en contra.”
Bastó un “no positivo” para dar por cerrada la cuestión: al día siguiente la Presidencia ordenó la derogación de la resolución y la vuelta de sus predecesoras, en una clara victoria del campo y los sectores que lo apoyaban frente a uno de los primeros intentos de reforma de la pionera administración, y que marcaría para siempre el futuro de la nación. Hasta hoy los mismos que gobernaban entonces desean poder aplicar su sistema frustrado, cada año más radicalizado; sus contrarios son los mismos que entonces defendían lo que era legítimamente suyo y de nadie más a como dé lugar, junto a la gran parte de la ciudadanía que hoy también, en medio de intentonas expropiacionistas y supresión de las libertades, ayer, y hoy también, siguen pregonando un mismo deseo: Libertad y Propiedad.
Rodrigo Altamirano
Miembro del Equipo de Artículos, Club de la Libertad
