En el marco del segundo aniversario de la desaparición de Santiago, este jueves 1 de agosto, Sergio Maldonado expresó en sus redes sociales: “Hoy a las 17 en Plaza de Mayo vamos a pedir justicia, a decir no al cierre de la causa y basta de impunidad”.
En principio, me resultó llamativo que, a pesar de la sentencia del Juez Lleral dictada el pasado año, la familia de Santiago siga reclamando que se haga justicia. Fundamentalmente porque la familia ya se había mostrado disconforme frente al trabajo realizado por el Juez Guido Otranto; quien a menos de dos meses de iniciada la investigación fue desplazado de la causa, según la familia y organismos, por falta de seriedad y ser parcial al Gobierno Nacional.
Sin embargo, si nos ponemos a investigar, podemos encontrar que el Juez Otranto y la Fiscal Silvia Ávila, en medio de un rastrillaje, omitieron pruebas – no menores a mi parecer – como balas de armas de fuego, por no ser “lo que estaban buscando”. Asimismo, el magistrado también mintió acerca de quien le había entregado la gorra que pertenecía a Santiago, ya que en un principio relató que se la había dado un mapuche, a lo que luego se conoció que la había encontrado una empleada de su juzgado. Así podemos encontrar una variedad de irregularidades que nos demuestran una completa falta de seriedad en el trabajo realizado. Visto de este modo, apoyo firmemente la remoción del Dr. Otranto de las dos causas.
Ahora bien, una vez que la investigación pasó a manos del Juez Gustavo Lleral – el pasado 22 de septiembre de 2017 – se extendió hasta el año siguiente, culminando con la sentencia del 24 de noviembre, en la cual se relata una muerte “por incidencias naturales”. Acá la familia no solo desacreditó el trabajo hecho por el magistrado a cargo, sino que además alegó haber tenido una supuesta conversación entre el Juez Gustavo Lleral y la familia: “La llamo primero a usted para que no se entere por los medios. Estoy siendo extorsionado, todo mi equipo de trabajo y yo estamos siendo apretados para que cierre la causa. Por eso debo hacer esto, no sabe todo lo que mi equipo y yo trabajamos, los hechos no configuran delito, espero que ahora haga el duelo tranquila”. Tal conversación no tiene prueba sólida alguna, lo que dejaría al criterio de cada uno creer o no en esta versión de los hechos. Además, el Dr. Lleral reconoció haber realizado el llamado, pero a diferencia de lo que narró la familia, el magistrado contó otra versión de los hechos: “Estoy consternado por lo que han dicho, no es verdad. Llamé a los padres y los hermanos, siempre en presencia de mis secretarios. Ellos hicieron la llamada y se comunicaron, después me pasaron a mí”, añadiendo que “les comenté que tenía el fallo, que no se los podía comentar en detalle y eso fue todo”.
No puedo dejar pasar la oportunidad para hacer una crítica, en el marco del circo mediático que se generó en torno a esta causa y a las organizaciones que en ella intervinieron, hacia la organización Amnistía Internacional. Oportunamente, quienes representan a esta organización habían expresado que «la decisión de la Justicia Argentina de cerrar la causa, y con ello la investigación, contraviene los derechos a la verdad, la justicia y la reparación. Resulta inadmisible que para la Justicia Argentina nadie sea responsable por la muerte de Santiago Maldonado”. Primero que todo, el hecho en sí de una muerte no implica necesariamente un responsable. En segundo lugar, el hecho de que no haya responsables por la muerte de Santiago está reflejado – a priori, y reservándome lugar a dudas – en su autopsia. Tales declaraciones reflejan una marcada intención de utilizar la desaparición de Maldonado como estandarte de causa que, lejos de buscar justicia, se presenta como una oportunidad de profundizar la lucha ideológica que envolvió desde un primer momento a este suceso.
El 24 de noviembre de 2017, según el informe de los peritos, el Juez Lleral comunicó a la prensa que “se determinó que Santiago Maldonado falleció por ahogamiento por sumersión en el agua del río Chubut, coadyuvado por hipotermia». En tres estudios realizados se dedujeron distintos periodos de tiempo que el cuerpo pudo haber permanecido en el río – entre 55 y 73 días – y que «por unanimidad se estableció que permaneció siempre abajo del agua y no en otro medio». Añadió luego que «no hubo arrastre, ni sujeción, lo que permitiría concluir que el cuerpo no fue movido”. También se confirmó que “no había golpes o lesiones, ni marcas de haber estado atado o haber sido arrastrado». La duda – en lo que a mí respecta, al igual que a su familia supongo – es que Santiago estuvo desaparecido 77 días. Según el informe de los peritos pudo haber estado bajo agua entre 55 y 73 días. La pregunta es ¿qué día falleció? ¿Qué paso en los otros 7 días restantes? Son preguntas que me hubiera gustado tengan una respuesta.
Otro hecho que llamó mi atención es que hace unos días la abogada de la familia, Dra. Verónica Heredia, expresó en los medios de comunicación que “el Gobierno desde el principio negó la desaparición de Maldonado, ocultaron pruebas y establecieron pistas falsas”. En lo que refiere a ocultar u omitir pruebas, esto vino por parte del juez a cargo, y no del Gobierno. No obstante, lo relevante es lo que agregó después, ya que según ella “los jueces están manejando políticamente la causa de Santiago”.
Por su parte, y como si fuese una total paradoja, Sergio Maldonado en el acto del 1 de agosto – por el segundo aniversario de la desaparición de su hermano – enunció en su discurso las siguientes palabras: «El 1º de agosto del año que viene nos volveremos a ver acá mismo. No habrá justicia hasta que sepamos dónde están todos los desaparecidos en democracia. Basta de represión, de gatillo fácil, basta de matar pibes cada 21 horas, de ‘femicidios’ y ‘travesticidios’, basta de persecución a la comunidad LGTB. Libertad a los presos políticos. Por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. No necesitamos el Servicio Cívico Voluntario, los pibes necesitan salud y educación”. A decir verdad, encuentro en este discurso bastantes similitudes con el discurso de un político de izquierda.
Dicho esto, me gustaría hacer una crítica en otro ámbito, ya que mucho se escuchó decir que el Estado es responsable por su muerte. En primera instancia, puedo entender si hicieran referencia a las irregularidades cometidas por parte de los funcionarios públicos que intervinieron en el caso, pero por otro lado, pienso que hay que reconocer que el Estado le otorgó un considerable respaldo económico a la familia Maldonado que, por supuesto, no les devolverá a Santiago, pero no es un dato menor. Tanto así, que en abril del pasado año, se calculaba que el Estado habría pagado ya un total de AR$1.600.000, es decir, unos 200 mil pesos por mes desde el primero de agosto de 2017. Paralelamente, la Dra. Heredia, abogada de la familia, habría recibido unos 300 mil pesos en concepto de honorarios.
Ahora bien, con respecto a la autopsia no hay rastros de que hayan existido golpes o violencia. Mi gran duda seguirá siendo saber qué sucedió en esos 7 días restantes que no estuvo bajo agua, o si efectivamente lo estuvo. Con respecto a la familia, creo que más que nada se apoyan en declaraciones un poco débiles; pero que en todo caso, si Santiago fuese familiar mío, tampoco las pondría en duda. Desde mi punto de vista, al margen de lo que les pueda decir una sentencia, la familia sí cree que hay responsables por su muerte; quienes según ellos, son los efectivos de seguridad de los cuales Santiago huía mientras se llevaba a cabo la represión a la comunidad Pu Lof en Resistencia de Cushamen.
Actualmente la familia de Santiago y los sectores que la apoyan se encuentran reclamando la reapertura de la investigación. Según lo expuesto anteriormente, pienso que si bien las investigaciones iniciales fueron víctimas de un dudoso manejo por parte del juez a cargo de la causa; también es cierto que su desaparición y posterior fallecimiento están siendo deliberadamente utilizados con intereses netamente políticos. Si se llegara a reabrir el caso, no cuestionaría tal decisión, siempre y cuando la investigación siga su debido curso y pueda darle, de una vez por todas, un cierre a toda esta historia.
Abigail Ortiz
Colaboradora de la Fundación Club de la Libertad
