El empoderamiento ciudadano a partir de la información pública sobre las contrataciones del Estado

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Por: Msc. Paola Dos Santos (*)

INTRODUCCIÓN

La declaración de los Derechos Humanos reconoce la importancia del acceso a la información pública como un derecho altamente reconocido en toda la esfera internacional.

“Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitaciones de fronteras, por cualquier medio de expresión”(1)

Las estadísticas nos muestran de forma cuantitativa que existe un 89% de la población mundial que cuenta con una ley o política de acceso a la información pública. En los últimos años la Alianza de Gobierno Abierto se ha consolidado en la región latinoamericana como uno de los procesos más participativos entre los gobiernos y las sociedades civiles para la creación de políticas públicas que promuevan la apertura del Estado a dichas sociedades, mediante el acceso a la información pública.

Considerando esta tendencia mundial que va en auge y a fin de mejorar la calidad de la confianza de los ciudadanos en su gobierno, Paraguay se ha sumado a ello, a través de la ley 5282/2014 de “Libre acceso ciudadano a la información pública y transparencia gubernamental” como parte del plan de acción del Gobierno Abierto. Para llevar a cabo este objetivo se han promovido varias actividades desde entonces a fin de capacitar a todos en el uso de plataformas del Estado, las cuales albergan información pública importante y en especial a las que se refieren a las contrataciones públicas, en las cuales se invierte y se gasta la mayor cantidad de recursos financieros del Presupuesto General de la Nación cada año.

Estas acciones buscan promover el empoderamiento ciudadano a partir de la información pública sobre las contrataciones que hace el Estado, ya que no solamente es importante la progresiva y constante apertura estatal sino también es de vital importancia que la ciudadanía sienta las ganas de involucrarse activamente en estas informaciones y para ello el Estado y las diferentes organizaciones deberán otorgar las herramientas adecuadas a la población para dicho acceso. Un gobierno calificado como abierto es un gobierno que nada teme y que está predispuesto a rendir cuentas a la ciudadanía sobre la administración del dinero público y con ello se encuentra obligado a mejorar en la eficiencia de dicha ejecución si así el país lo demandase.

DESARROLLO DE CONCEPTOS

El derecho a la información es un derecho universal, inviolable e inalterable del hombre moderno, puesto que se funda en la naturaleza del hombre. Se trata de un derecho activo y pasivo: por una parte, la búsqueda de la información; y por la otra, la posibilidad de todos a recibirla” (2).

La transparencia en las actividades gubernamentales de un gobierno democrático debe reflejar la probidad y la responsabilidad en la gestión pública y para ello es necesario que la ciudadanía comience a tener más fuerza y poder sobre el gobierno de cada país a fin de garantizar el cumplimiento de las funciones que permiten la existencia de un Estado.

Es por este motivo que el derecho de acceso a la información gubernamental es una de las fuentes de desarrollo y fortalecimiento de la democracia representativa y participativa, pues permite a los ciudadanos analizar, juzgar y evaluar de forma completa los actos de sus representantes, que son elegidos por la mayoría, y esto hace que el Gobierno se sienta obligado a estimular y actuar bajo condiciones transparentes en la administración de los recursos públicos.

El 19 de setiembre del 2014 se publica en la Gaceta Oficial de la República del Paraguay la ley N°5282 “de libre acceso ciudadano a la información pública y transparencia gubernamental”, dando el Paraguay un salto enorme en lo que hace a su calidad como un Gobierno Abierto que promueve el empoderamiento ciudadano a partir del acceso a este tipo de informaciones fundamentales para conocer el manejo y la eficiencia en la administración de los recursos públicos. Esta ley pone de manifiesto la reglamentación del artículo 28 de la Constitución Nacional, la cual garantiza a todas las personas el efectivo ejercicio del derecho al acceso a la información pública, a través de la implementación de las modalidades, plazos, excepciones y sanciones correspondientes que promuevan la transparencia en la administración de los recursos públicos. Cabe destacar que este acceso a la información pública es totalmente gratuito para el ciudadano.

A fin de poder organizar una eficiente actuación dentro de este nuevo marco legislativo, la mencionada ley estipula que se deberá habilitar una oficina de acceso a la información pública que tendrá como función la recepción de solicitudes, así como orientar y asistir al ciudadano solicitante en forma sencilla y comprensible. Para dar cumplimiento a la misma, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), mediante la resolución N° 2728/15 creó su oficina de Acceso a la Información Pública.

Esta oficina se encarga de coordinar todo lo que hace al acceso de información pública para los ciudadanos y a la vez tiene la tarea como ventanilla única en donde se reciben las solicitudes a fin de brindar la información requerida y a la vez dar orientación y asistencia al ciudadano solicitante si este lo requiere en todo lo que se refiere a las compras públicas.

Adam Smith, considerado como el padre de la economía, nos traía a colación una célebre frase que hace mucho al sentido común que debe prevalecer al tomar decisiones económicas y financieras: “los recursos son limitados y las necesidades del hombre son ilimitadas”(3), a partir de esta premisa podemos partir de que la administración de los recursos públicos y una eficiente distribución de los mismos de manera equitativa debe constituirse como el pilar para el crecimiento y el desarrollo económico de cualquier país, ya sea a nivel micro como macroeconómico. Es en este punto en donde se hace visible que la gestión pública tiene mucho que ver con todo lo que hace a las compras públicas por parte del Estado, mediante la correcta planificación, presupuesto y ejecución de los recursos que obtiene el Estado ya sea a través de ingresos corrientes y de capital.

Debemos recordar que la existencia de un Presupuesto General de la Nación tiene tres objetivos básicos que son: la asignación de bienes públicos a los ciudadanos (es en este punto fundamental en donde resalta la importancia de la eficiencia de la gestión en las compras públicas), la redistribución de los ingresos, el crecimiento y la estabilidad. Cabe señalar que un gobierno eficiente si bien no puede lograr la igualdad económica absoluta, puede lograr la igualdad para todos ante la ley, por lo tanto, la acción gubernamental se basa en el eje de la ejecución de un presupuesto anual de ingresos y gastos públicos que debe ser eficiente y a la vez deba generar ahorro para el país y no una recaudación mediante los tributos y el endeudamiento público que genere dinero que deba ser derrochado y a la vez con informaciones ocultas a la ciudadanía, no solo en lo que hace a los salarios y demás remuneraciones de los funcionarios públicos sino a lo que hace a las compras públicas para brindar obras y servicios a la ciudadanía.

Uno de los elementos más importantes que debe predominar dentro del plan de un Gobierno Abierto y el cual se constituye como pilar principal para el plan de trabajo se basa en una mayor horizontalidad de la información, que incluye el diálogo y acuerdo entre los gobiernos, los ciudadanos y la sociedad civil.

Las herramientas tecnológicas se han convertido en aliadas principales para el empoderamiento de la ciudadanía en lo que hace al acceso a la información pública, pero debemos recordar que no todo ciudadano podría ser un visitante regular a sitios web del gobierno. Algunas personas carecen de la práctica en el uso de la tecnología o en el peor de los casos, no tienen acceso a internet. Es necesario asegurarse siempre que cuando el ciudadano utilice la consulta en línea, sepa cómo utilizar eficazmente la misma, por lo tanto, la capacitación constante a la ciudadanía en estas herramientas es un punto clave dentro del proceso para un gobierno abierto, y a la par la promoción de espacios presenciales que acompañen o complementen al espacio digital.

En este trabajo son actores fundamentales los académicos, organizaciones sociales confiables y las asociaciones empresariales, a fin de transmitir y generar una mayor audiencia a nivel comunitario, que logre ir acrecentando el empoderamiento mediante la información transmitida y que la ciudadanía comience a comprender la manera en que el Gobierno se encuentra administrando el dinero público. Para ello también debemos tener en cuenta que debemos desconcentrarnos e ir más al fondo del país, a las periferias, ya que no todas las organizaciones de la sociedad civil se encuentran en los centros urbanos o en la capital del país y es esta gran masa cuantificable quienes suman una cantidad importante en las urnas al momento del sufragio para la elección de los futuros administradores de la cosa pública. En este punto se destaca la importancia de ir creciendo en el empoderamiento ciudadano, pues como gobierno democrático y republicano, debemos elegir a nuestros representantes y para ello debemos contar con la información necesaria a la par de las gestiones y de quienes son nuestros candidatos. Es importante que el acceso a la información de las contrataciones públicas encuentre un mecanismo a fin de llegar a toda la población del país.

La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) dispone la apertura de datos públicos en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP), con estándares de datos abiertos bajo el uso de la licencia CC-BY 4.0 (4), a fin de seguir la línea trazada correspondiente al plan de Alianza para el Gobierno Abierto, y en base a lo dispuesto en la ley 2051/03 referente a las contrataciones que realiza el Estado Paraguayo que deben ser puestas a disposición del conocimiento de la ciudadanía en general, por el principio de transparencia y publicidad que asegurará irrestrictamente el acceso a los proveedores, contratistas (efectivos o potenciales) y a la sociedad civil en general, todo lo que hace a la información relacionada con la actividad de contratación pública, programas anuales, trámites y requisitos que deben tener las convocatorias, las diversas etapas de los procesos de adjudicación, firma de contratos, estadísticas de los precios, etc.

La ley 2051/03 obliga justamente a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) a habilitar y mantener actualizado dentro del SICP un registro de las personas físicas y jurídicas impedidas a contratar con los organismos estatales, a fin de que la ciudadanía también pueda contar con dicha información para conocer la situación pasada y presente de los gobiernos en cuanto a los problemas que se hayan generado con diversos proveedores del Estado que se encuentran operando dentro del mercado nacional e internacional (5). En este contexto debemos decir que la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) forma parte integrante del Plan de Gobierno Abierto, por ser una entidad reguladora de todo lo que hace a las compras públicas del Estado y es en ese marco en donde se ha comprometido a poner a disposición pública el conjunto de informaciones en formato “datos abiertos” a fin de que los mismos puedan ser utilizados y pueda estimularse el empoderamiento ciudadano a través del acceso a las informaciones de contrataciones públicas.

COVID 19 – HERRAMIENTAS DE EMPODERAMIENTO CIUDADANO PARA LA TRANSPARENCIA EN LA ADMINISTRACIÓN DE LAS COMPRAS PARA SALUD PÚBLICA Y OTROS.

Actualmente debido a la situación de Pandemia, el Ministerio de Tecnología de la Información y Comunicación (MITICS) ha desarrollado una labor importante a través de la plataforma de transparencia “Rindiendo Cuentas”(6), en donde hasta el mes de mayo del 2020 había sido visitada ya por 5.788 usuarios en su calidad de ciudadanos. Esta plataforma fue elaborada y promocionada a fin de transparentar el uso de los fondos públicos que son destinados a la lucha contra el COVID-19.

Se ha sumado a esta labor la Secretaría Nacional de Anticorrupción (SENAC), a través de la Dirección General de Prevención y Transparencia. La misma realizó su aporte a fin de promocionar la participación ciudadana, mediante el uso de un documento en nube para que todo aquel interesado en colaborar pueda dejar su aporte en forma de comentario o sugerencia. El link para ingreso a la nube es el siguiente https://bit.ly/panel-transparencia-senacpy (7).

El 29 de abril del 2020, a días de ser promulgada la Ley de Emergencias, fue anunciado el lanzamiento de la primera versión de una plataforma, a través del Banco Interamericano de Desarrollo, la cual tiene como fin la centralización de toda la información de interés vinculado a los recursos destinados a la lucha contra el COVID-19 a nivel nacional. Con esto Paraguay se convierte en el primer país de América Latina y el Caribe que cuenta con una herramienta de transparencia en la administración de los recursos públicos destinados a dicha emergencia sanitaria.

 

CONCLUSIÓN

 “No es, en conclusión, por la vía de un patriotismo estrecho y cicatero como puede construirse la identidad ciudadana, sino por la reflexión acerca de los obstáculos que se dan en nuestra sociedad para fomentar hábitos de participación y de compromiso con los problemas más graves de nuestro tiempo”(8)

Considerando de que el derecho del acceso a la información pública se encuentra íntimamente ligado a las ideas de gobernabilidad democrática, la misma se consolida como base fundamental para la confianza por parte de la ciudadanía en lo que hace a la administración de la cosa pública, y esto se demuestra a través del tiempo con el empoderamiento que va creciendo dentro de la sociedad civil, a fin de ir desterrando la idea de que los gobiernos de turno, a través del aparato estatal, son dueños de manejar a su antojo los recursos generados a través de su política fiscal y tributaria en primera instancia, y de otras fuentes, sino más bien, es en la adecuación a la sobrevivencia del ciudadano común con el Estado que se suma la figura de la exigencia por parte de la población a los gobiernos de turno para poder contar con la información relevante y veraz sobre la ejecución del dinero público y tener el derecho a realizar el reclamo correspondiente si comprobamos que el mismo está siendo utilizado de forma ineficiente, con una gestión corrupta o en una situación de derroche financiero y que puede conducirnos a mediano o largo plazo a un endeudamiento mayor que vamos ir trasladando a nuestras futuras generaciones. Decía John Maynard Keynes “a largo plazo estaremos todos muertos”, esa es una realidad indiscutible, pero somos los actuales responsables del escenario social, político y económico que vamos a dejar como herencia a la futura población de la nación paraguaya.

En este aspecto al Paraguay le falta mucho camino que recorrer. El achicamiento del Estado en este sentido es un punto muy importante que debe ser tenido en cuenta para la correcta y eficiente ejecución, control y retroalimentación de la administración de los recursos públicos, a fin de que ese dinero sea invertido en lo que realmente necesita el país y no en un despilfarro desvergonzado como se viene viendo desde hace tiempo y más aún en la actualidad con la coyuntura de pandemia, situación que se ha convertido en un momento crucial en donde el Estado debe demostrar sus aptitudes como administrador público y para lo cual la ciudadanía ha reclamado el acceso a la información pública de la administración de dichos recursos.

Lo positivo es que nuestro país ha comenzado a tomar las riendas como actor de un gobierno abierto desde el 2014 en adelante, pero no solo depende del mismo, sino que también de la ciudadanía en general a través del involucramiento en lo que se refiere a las informaciones que podamos obtener y analizar para quitar conclusiones, cuestionar, consultar y emitir recomendaciones como parte de la sociedad civil.

 

BILIOGRAFÍA

  • Alejandro Fuenmayor, El derecho de acceso de los ciudadanos a la información pública.
  • Alejandra Naser – Álvaro Ramírez Alujas, Plan de Gobierno Abierto
  • Ley N° 5282/2014
  • Resolución DNCP N° 3549/2014
  • TEDIC, Datos abiertos e Información Pública
  • Gaceta oficial de la República del Paraguay N° 180
  • contrataciones.gov.py(9)

 

REFERENCIAS

(1) Declaración de los Derechos Humanos – Artículo 19

(2) Encíclica papal “Pacem in Terris”, emitida el 11 de abril de 1963.

(3) Adam Smith – La Mano Invisible

(4) Resolución N° 3549/2014

(5) Ley 2051/03 – Artículo N° 75

(6) https://www.rindiendocuentas.gov.py/

(7) https://www.mitic.gov.py/noticias/plataforma-de-transparencia-rindiendocuentas-ya-fue-visitada-por-casi-6-mil-usuarios

(8)Victoria Camps, catedrática de Ética de la Universidad Autónoma de Barcelona

(9)Para consultas acerca de la oficina de acceso a la información pública

 

(*) Paola Dos Santos

Coordinadora de Homenajes

Club de la Libertad

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