Durante los últimos días, mi trabajo ha sido recorrer diferentes colonias del Distrito Federal con el fin de conocer los principales problemas que enfrentan las personas en dichos lugares y así poder desarrollar propuestas concretas de políticas públicas que puedan generar un cambio positivo en favor de los ciudadanos.
Lo que me ha parecido muy interesante es que a pesar de la marcada diferencia que existe en el contexto económico–social de los diferentes lugares a los que hemos ido, una y otra vez se repite una demanda por parte de la población: Que se cobren más impuestos a quienes ganen más para distribuirlo con quienes menos tienen, y de esta manera, eliminar las desigualdades sociales.
Bajo esta lógica, el Estado es el “aparato servicial” o encargado de buscar el bienestar colectivo, por lo que tiene que intervenir en la economía y estar presente en la vida privada, repartiendo la riqueza, sin importar quien se haya esforzado produciéndola. De esta manera, según estas premisas, se podrá erradicar la pobreza, las desigualdades sociales y mejorar la economía de los individuos. Sin embargo, cuando el Estado interviene incisivamente, implica que los gobernantes aumenten el control y poder sobre los gobernados, repercutiendo en la libertad y la vida econímica, entre otras cosas.
Lo que debe estar claro es que ninguna persona es un medio para los fines de otra. El principal propósito en la vida no es el bien común, sino la búsqueda de nuestra propia satisfacción a través de la colaboración y la buena voluntad.
Existe una visión de la vida en la que el individuo se pone a sí mismo como víctima de las circunstancias y reclama que todo le sea dado por el simple hecho de existir. La deuda con el colectivo no es más que un yugo del cual debemos de liberarnos como individuos. Es a partir de este tipo de visiones que surge la idea de la redistribución, la cual exige que las demandas materiales de los individuos sean satisfechas para que éste pueda ser plenamente “libre”.
La redistribución de los ingresos ha sido promovida por gobernantes, legisladores y analistas al ver como algunas personas viven una vida ostentosa mientras que otros apenas alcanzan un mínimo nivel de subsistencia. Ese cuadro de la sociedad en donde encontramos personas más ricas que otras ha sido el precursor de políticas coercitivas, las cuales funcionan como instrumentos de transferencias. Y es por ello que encontramos mecanismos muy variados de impuestos – subsidios como gestores de políticas públicas.
Sin embargo, la experiencia nos ha demostrado que la redistribución de los ingresos beneficia más a quienes la llevan a cabo que a quienes va dirigida. Los efectos de la redistribución forzada son imprácticos y nulos ya que no logran mejorar la calidad de vida de los individuos de más bajos ingresos.
A través de la historia hemos visto intentos fallidos por mejorar las condiciones de vida con este tipo de políticas en países como Cuba, Venezuela, la China Maoísta o Corea del Norte. Paises que terminan mermando aún más la calidad de vida de las personas de más bajos ingresos, generando índices regresivos.
En teoría, la distribución de ingresos es la implementación de impuestos progresivos[i] sobre quienes tengan ingresos más elevados para asignar lo recaudado a las personas más pobres. Esto es un problema ya que el financiamiento público generalmente no es “progresivo”, todo lo contrario.
Es importante entender que el Estado se puede financiar a través de venta de activos, emisión monetaria, endeudamiento o impuestos. Si el financiamiento se produce con emisión monetaria entonces son los pobres quienes financian al gobierno a través del impuesto que constituye la inflación[ii].
Generalmente el financiamiento público combina impuestos (proporcionales y progresivos) junto con endeudamiento y emisión monetaria que tiene como consecuencia el alza de las tasas de interés que afectan a las pequeñas y medianas empresas, llegando a alejar a los más pobres de los mercados de créditos. Esto es muy preocupante ya que, al menos en México, las PyMES generan 7 de cada 10 empleos formales.[iii]
Cuanto más grande es el Estado, la posibilidad de aplicar impuestos distorsivos sobre la población más pobre se vuelve mayor. A su vez, cuanto más sea el gasto público, más probable es que los “menos pobres” puedan participar de los beneficios del reparto.
Asimismo, hemos visto como los niveles de corrupción van estrechamente ligados a los elevados niveles de gasto público.[iv] El Estado poco puede hacer para generar riqueza, pero mucho para destruirla.
La redistribución genera incentivos corrosivos para las economías ya que quienes producen más debido a las ventajas en tecnología, innovación, conocimiento, esfuerzo, etc., terminan perdiendo el interés de explotar su potencial, pues el gobierno utilizará grandes impuestos para entregárselo a otros y sus ganancias no serán tan favorables como realmente serían.
Por otro lado, aquellos que producen menos no encuentran razones suficientes para superarse y capacitarte más, pues no importando lo que generen, siempre tendrán el subsidio de algún gobierno que les ayude a salir adelante sin mayor problema. Todo termina en la generación de un círculo vicioso que reduce la producción y ganancias en ambas partes.
La generación de riqueza se logra a través de la libertad. El empleo y las oportunidades se van dando por un orden espontáneo que permite a las personas lograr sus propios objetivos sin intervención o regulaciones excesivas. De otra manera, hablaríamos de crecimiento sin empleo y empobrecimiento de la población.
El fin que las instituciones sociales persiguen es el bienestar del individuo. Sin embargo desde el Estado se intenta llevar a cabo la “justicia social” a través de la malversación de los recursos de la población y con consecuencias que terminan lacerando más a las personas que en un principio pretendían ayudar.
La mejor alternativa que podemos escoger es una sociedad en la que, unos como otros, se reconozcan como individuos con sus propios fines y objetivos, sin obligación de actuar por los demás, y en la que de ninguna manera están obligados a ser instrumentos que permitan lograr por fuerza los objetivos ajenos.
