En Chile ascienden a 296 horas al año y en Estados Unidos sólo a 175 horas. Es decir que en nuestro país se invierte el doble de tiempo. Los impuestos son altos y complicados.

Para sobrevivir las empresas necesitan urgentemente una reducción de impuestos: hoy las empresas argentinas pagan en impuestos un 106% por sobre sus ganancias. Es decir, de cada $100 que gana un empresario, $106 le debe pagar al Estado.
Actualmente, en nuestro país, la mayoría de las empresas se encuentran con graves problemas de liquidez. Según la Fundación Observatorio Pyme (FOP), entre el 6% y el 8% de las empresas ya alertan que se verán forzadas a cerrar, mientras el resto, en medio de una cuarentena que ha paralizado la actividad empresarial, todavía no tiene una perspectiva clara a futuro.
No obstante, las medidas de confinamiento llevadas adelante por el Gobierno no hacen más que profundizar los problemas que viene soportando el sector empresarial. Ya desde hace más de una década que las empresas argentinas deben afrontar regulaciones e impuestos excesivos.
Hoy en la Argentina las regulaciones impiden que en nuestro país se generen inversiones o se incremente la productividad. La cantidad de autoridades administrativas ineficientes por triplicado en cada jurisdicción sólo hace que los empresarios pierdan dinero, tiempo y energía, que podrían ser utilizados en investigación y desarrollo, avances tecnológicos y/o incorporación de capital. Desafortunadamente, las regulaciones sólo obligan a los empresarios a incurrir en costos cada vez mayores, y al resto de los argentinos a vivir en un país con mayor desempleo y un nivel y calidad de vida cada vez menor.
Otro de los factores que obstaculizan la actividad empresarial son los excesivos impuestos. Los impuestos destruyen la riqueza del país desde hace varios años. Esta transferencia de recursos desde el sector productivo al sector público no hace más que dilapidar la inversión, el empleo y la innovación, lo que conlleva a que los argentinos no podamos acceder ni a productos más baratos ni de mejor calidad ni a salarios reales más altos. Dicha transferencia se da sin que exista ninguna evidencia de que esta pérdida que se genera en el sector privado sea compensada por una unidad adicional de recursos en el sector público.
Como observamos en el gráfico, según datos del Banco Mundial, la tasa tributaria total que deben pagar las empresas argentinas como porcentaje de sus ganancias es el doble al promedio de la región latinoamericana y tres veces más que el de países como Estados Unidos o el promedio de países de ingresos altos.

Comparación regional del peso de los impuestos sobre el porcentaje de las Ganancias de empresas, elaborado por la Fundación Libertad y Progreso, en base a datos del Banco Mundial (BM).
Las empresas argentinas pagan en impuestos un 106% por sobre sus ganancias. Es decir, de cada $100 que gana un empresario, $106 le debe pagar al Estado. Cualquier empresario argentino no sólo no obtiene ganancias sino que debe pagar impuestos inclusive con su inversión inicial.
Es más, se estima que de US$ 12.600.000 que factura anualmente una mediana empresa de 60 empleados, deberá pagarle al Estado US$ 2.544.000; no sólo no gana sino que debe pagarle US$ 144.000 más. Mientras que, sólo con cruzar el río, en Uruguay estarían pagando cerca del 42% de su ganancia y, cruzando la cordillera, en Chile no superarían el 34%.
Además, otro dato a tener presente: según el Banco Mundial, las empresas argentinas pierden 312 horas al año en pagar impuestos, cuando en Chile ascienden a 296 horas al año y en Estados Unidos sólo a 175 horas.
Es decir que en el país se invierte el doble de tiempo que en cualquier país desarrollado en el pago de impuestos. Los impuestos son altos y complicados. Tenemos alrededor de 165 impuestos totales y sólo 11 de ellos se ocupan de cobrar el 90% de la recaudación total. Nuestro sistema tributario es completamente corrosivo e insostenible.
¿Qué pasa con las empresas y la pandemia?
La cuarentena recrudece esta situación que ya venían sufriendo los empresarios locales desde hace años. Estas empresas, muchas ya endeudadas, no están llevando adelante normalmente sus actividades y tienen dificultades para pagar salarios.
Sin embargo, tienen que seguir pagando impuestos. Hasta ahora la única solución que les brindaron desde el Gobierno es intentar facilitarles el acceso a un crédito o al ATP. Recordemos que este último es financiado con recursos de ANSES, que a su vez lo obtiene del cobro de impuestos de esas mismas empresas.
Evidentemente, la mejor alternativa que no sólo permitiría una rápida recuperación de las empresas sino también de la economía en general sería vía suspensión y eliminación de impuestos y regulaciones. Como ya vemos, es absurdo que ante una crisis de tal magnitud como la actual, en la que el Gobierno obliga a sus ciudadanos a no trabajar, las empresas deban seguir manteniendo la jerga del Estado.
Si queremos salir de esta crisis, minimizando el daño, debemos comenzar a plantear una verdadera reforma tributaria, con el ajuste que se requiera en el sector público para ello.

Por Natalia Motyl
Economista de la Fundación «Libertad y Progreso»