Dr. Carlos Moratorio
Abogado U.B.A.
Director de la Fundación Club de la Libertad
Varias décadas de creciente injerencia del Estado en las relaciones laborales y previsionales, han determinado un sistema distorsionado que alienta el crecimiento del trabajo ilegal o clandestino y brinda jubilaciones insatisfactorias para millones de argentinos.
Las crecientes imposiciones y regulaciones del Estado en el sector laboral, no han hecho otra cosa que desalentar la contratación de trabajadores en el sector privado, situación que se agrava más aun en lo que se refiere a las oportunidades de trabajo para los jóvenes. Los costos ajenos al salario de bolsillo son de tal magnitud, que resultan injustificables y en algunos casos parecen encubrir un «peaje sindical», en lugar de aportar a la vida y eventual futuro del trabajador.
Las cifras de subocupación laboral y expansión de los «planes sociales» evidencian un sistema desajustado, en el que un Estado legisferante y demagogo ha plagado de obstáculos absurdos a la iniciativa privada, que actúa permanentemente a la defensiva, sin poder agregar nuevos trabajadores en la mayoría de las actividades, frenando así su propio desarrollo.
Por otra parte el mismo Estado que se erige en Juez de las relaciones entre privados y las llena de absurdas regulaciones, no es capaz, cuando actúa como empleador, de cumplir la propia normativa, y se multiplican los casos en los que, tanto a nivel nacional, como de las provincias, se contrata empleados «en negro», evidenciando lo inapropiado del sistema laboral vigente.
El sector previsional administrado, coactivamente, durante décadas por el Estado, es otra muestra de inequidad y frustración para millones de argentinos. La mitad de los jubilados recibe un monto mínimo, a todos luces insuficiente y arbitrario. Este sistema proclamado como «solidario», pareciera tener como objetivo convertirse en un subsidio mínimo a la vejez, en lugar de recompensar y devolver honestamente, a las personas mayores, sus genuinos aportes.
En los tribunales que entienden en las causas previsionales, hay cientos de miles de expedientes pendientes de resolución y el propio Estado argentino incumple sentencias firmes, hecho este admitido públicamente por los responsables de la administración de los fondos de la previsión social. Esto ocurre paralelamente a la financiación con dichos aportes de otros planes gubernamentales, ajenos al propósito jubilatorio.
El colmo del absurdo y del fraude estatal en el manejo de las jubilaciones se puede apreciar claramente con solo observar que un ciudadano privado de su libertad por decisión judicial cobra durante el cumplimiento de su pena, un cuarenta por ciento más de haberes que la mitad de los jubilados argentinos.
El Estado lleva varias décadas promoviendo obstáculos a las relaciones laborales en el ámbito privado, estimulando las relaciones laborales ilegales y además administrando, en forma discrecional y arbitraria, los fondos previsionales de los trabajadores, para llegar así a una jubilación arbitraria, insuficiente e injusta.
