El respeto a las normas y sus consecuencias

El problema argentino es esencialmente institucional. Así, en un país donde hay arbitrariedad en las reglas de juego, no puede funcionar con normalidad, ya, en su economía, ya, en su convivencia social, pues no está en condiciones –o no lo intenta– brindar seguridad y garantías a las libertades de sus habitantes y a sus propiedades.
Son pocos hoy en día los países del mundo en donde ocurren tales anomalías sociales y económicas producto de anomias, tal, como el caso Venezuela, Argentina y algunos países de África y de Asia.
Estos países del mundo se ven en franco retroceso institucional y social, con un aditamento peligroso, cual es el anquilosamiento del status quo de su cada vez más envilecida calidad institucional con sus consecuencias dañinas para la sociedad, ejemplo crecimiento de índices de pobreza y criminalidad.
Durante miles de años, desde el paleolítico, en la historia de la humanidad, la línea de crecimiento económico y social ha sido horizontal.
Sin embargo en el siglo XIX, ocurre un milagro, el crecimiento se dispara hacia arriba, baja exponencialmente la pobreza, el analfabetismo y crece sin frenos el progreso económico.
Este fenómeno ocurre al norte del Canal de la Mancha (Inglaterra), luego se expande a EE. UU. y llega en 1853 a nuestro país.
Este avance cuántico, con bases en el pensamiento alberdiano, no ocurrió sino, respetando la propiedad privada, las promesas, los contratos, el derecho a la búsqueda de la propia felicidad, limitando el poder de las mayorías, basado en férreas instituciones republicanas establecidas por las Constituciones.
El país pasó a tener de 1.000.000 de habitantes a 7 millones, se redujo el analfabetismo a un 25% con una tasa de crecimiento del PBI anual de 7%, ubicándolo a Argentina entre los ocho países más importantes del mundo (basta con recurrir a las estadísticas históricas entre 1875-1912).
Ese fue el país que se supo conseguir paz, desarrollo y bienestar, entendiendo que respetando las normas todos los individuos dejaban de ser súbditos para ser ciudadanos y gozar del desarrollo.
Transcurrido el tiempo, no solo hemos descendido en el ranking del concierto de naciones –conformando hoy, el lote de los últimos países del subdesarrollo–.
Además, nos hemos consolidados como uno de los países con menos libertad económica y más corrupción, con un coste social enorme que pocos se atreven a decirlo, pero la estamos padeciendo de manera cruda, hasta casi increíble, en pleno siglo XXI.
Si existe libertad de elegir, de intercambio voluntario, competencia y la seguridad para las personas y la propiedad, hay libertad económica.
Así, los estudios empíricos demuestran que a mayor libertad económica, existe un mayor bienestar y progreso para los habitantes, más libertad individual, acceso a agua potable, a la salud, a trabajo productivo.
Sin embargo, en Argentina, en estos tiempos estamos viviendo acaso, el mayor avance del Poder Ejecutivo sobre las otras instituciones republicanas, el Congreso, funciona en forma automática a pedido del Ejecutivo; e intentos de colonizar la Justicia, que no se ha logrado –y me atrevo agregar– “aún no del todo”.
Esto, sin duda, ha llevado, de un tiempo a estos días, a cruentas y angustiantes cuestiones sociales y económicas.
Así en diciembre del año pasado el autoacuartelamiento de los que están encargados de brindar seguridad (policías), en reclamo de mejoras salariales , con altos costes, víctimas fatales y miles de casos violaciones a la propiedad privada.
Hoy se está debatiendo si corresponde o no los linchamientos a delincuentes in fraganti, cuestión que nos vuelve a dividir como un sistemático maniqueísmo histórico, con un sector del gobierno que decididamente se manifiesta a favor de los delincuentes, alegando que todo está “fogoneado por los medios de comunicación”, y otra parte se manifiesta a favor del linchamiento, acaso hartos de un “Estado ausente en materia de seguridad”.
Es dable recordar que el concepto “libertad” conlleva el principio de la “no agresión”.
Es claro que en un país, donde funcionen normalmente las instituciones republicanas, estos debates estériles no suceden, pues se aplica el imperio de la ley, lo que pone fin a toda cuestión.
Recobrar la institucionalidad de un país es recobrar la civilización, que tal como lo decía el escocés David Hume “es un proceso de aprendizaje”. Debemos aprender de la historia y errores de cada día y no incurrir en “recidivas” que tanto afectan a los habitantes.
Los argentinos no hemos aprendido de la historia, con enfrentamientos inútiles, no entendemos que existen normas que claramente garantiza la organización social, solo resta su aplicación y un buen plan de gobierno en cuanto a seguridad y justicia (solo el 3% de los procesados son enjuiciados y condenados).
Además, estos acontecimientos sociales y económicos –no novedosos– los argentinos vivimos repitiendo los errores de tener como objeto a eliminar a las instituciones republicanas, Argentina es un país de lo ya conocido. Avanzar hacia la institucionalidad republicana que nos enseñó Alberdi, será quizá, el inicio de la panacea que todos soñamos.