Por Carlos Moratorio

La situación imperante en la zona de Lago Mascardi, Provincia de Rio Negro,  debería constituir  una autentica prioridad para el Estado argentino.

Allí se suceden, periódicamente, todo tipo de estragos contra bienes y personas, por parte de bandas armadas que afirman desconocer la soberanía territorial argentina y por ende la vigencia de su ordenamiento jurídico.

Han tomado estado público, decenas de actos de intimidación hacia vecinos del lugar, invasión de tierras privadas y del Estado Nacional, bloqueo de la Ruta Nacional número 40, robos diversos y creciente amenaza a la integridad física de sus pobladores.

Las victimas de tales tropelías, no perciben una adecuada protección por parte del Estado y deben recurrir a la autodefensa para preservar su vida y su propiedad.

La situación dista mucho de ser controlada y la impunidad campea entre las bandas armadas que han decidido tomar por la fuerza la propiedad ajena y expulsar, vía intimidación, a los ciudadanos oriundos de esa zona o que la han elegido para desarrollar su vida, bajo las garantías establecidas por nuestra Constitución Nacional.

Mientras tanto, el Gobierno argentino pareciera ignorar la trascendencia del problema, o quizás restarle importancia al mismo, sin resolverlo.

En recientes declaraciones, la Ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, apoyo una denuncia realizada contra las victimas de Lago Mascardi, por supuesta utilización de armas de fuego en sus movilizaciones. Resulta paradójico que el mismo Estado, que no garantiza protección a las víctimas, se encuentre tan atento en desarmarlos, ignorando que la vida de estos pende de un hilo y sus propiedades son saqueadas una y otra vez.

Saquear e incendiar propiedades, usurparlas, intimidar a sus propietarios con armas de fuego y enmascarados, bloquear la circulación de transportes y personas, son actos claramente penalizados por la legislación argentina y eso está ocurriendo en Lago Mascardi.

Para completar la crítica situación,  dichas bandas declaran su rechazo a la jurisdicción argentina, se escudan en un mítico relato indigenista para cometer delitos y pretenden ejercer un dominio ajeno a nuestro ordenamiento jurídico.

La amenaza crece. Los ciudadanos de Villa Mascardi están desprotegidos. Los saqueadores están sueltos y el problema excede el ámbito de la cotidiana inseguridad.  Una parte de nuestro país no se encuentra protegida. Y el Gobierno no lo ve o no lo quiere ver.

Carlos Moratorio
Director
Club de la Libertad