El Estado de Derecho surge como respuesta al Estado totalitario, caracterizado por la ausencia de libertades, el incumplimiento de los derechos individuales, la concentración del poder y la irresponsabilidad de sus integrantes. El Estado de Derecho no es otra cosa más que vivir bajo reglas y respetar los acuerdos, deudas y todo lo pactado previamente. Dicho de otra manera, es una evolución a la que llega una sociedad durante la conformación de la misma como tal y a medida que va creando sus propias normas y principios que deben ser respetados tanto por los gobernantes, como por los propios individuos que forman parte de ese todo.
El Derecho es una herramienta indispensable, inquebrantable y prioritaria, que puede utilizarse para muchos recursos y fines. En Argentina y en muchos otros países, no tiene necesariamente una aplicación adecuada, buena o correcta. Pero esto no viene del derecho en sí, sino de quienes trabajan con él. Lo que hace el Estado de Derecho no es corregir las leyes que están mal o corregir a quienes las crean, sino que se encarga de velar por igualdad ante la ley, característica no visible en los regímenes autoritarios en donde el impulso o el deseo arbitrario de una persona, generalmente la encargada del poder, es el molde para las acciones que se desarrollan en ese país. Y para evitarlo, este Estado implica una división del poder y control entre los mismos, garantizando un equilibrio dinámico.
Normalmente se grafica a la división de poderes como resortes que se mueven independientemente uno del otro, sin puntos de contacto entre sí. Por ende, bajo un Estado de Derecho Republicano, uno no podría ejercer presiones sobre otro u otros, sino que por el contrario, sería controlado y limitado por ellos. También es ineludible que se cumplan otros principios como la existencia de normas abiertas, claras y estables. Además, no deberían cambiar, a fin de que uno no se despierte cada mañana con nuevas prohibiciones o requisitos especiales para situaciones comunes de la vida y/o el comercio (compra de divisas, trabas a la importación o exportación, etc.).
Como bien sabemos, el Poder Judicial es el tercer órgano de poder que integra el orden jurídico orgánico de nuestro país, luego del Legislativo y del Ejecutivo. Debe controlar de forma independiente a los otros dos poderes en relación a los actos de gobierno que desempeñen. El problema se da cuando esta independencia judicial se ve coartada y el Gobierno abusa de su poder para colocar jueces que concuerdan con su ideología política o remover a otros que no lo hacen. No debería suceder que una organización internacional llame la atención a un país por su incumplimiento de normas y leyes por tan notoria relación de dependencia y tampoco deberían los funcionarios oficialistas defender dicha relación.
Y a raíz de esto, es que otro principio del Estado de Derecho es el debido proceso, es decir, tener la garantía de que si se le hace un juicio a una persona, debe ser un juicio justo, basado en una ley existente y con un juez natural dependiendo del tipo de delito cometido y del lugar geográfico. Por ende, no se puede (en realidad no se debería) juzgar a una empresa por haber quebrado involuntariamente, o volver a dictar sentencia cuando ya existe “cosa juzgada”, ya sea con una condena o una absolución. Entonces, cuando hay una sentencia firme, no se puede cambiar, no se puede volver a juzgar el mismo hecho, mucho menos con una nueva ley, aplastando la irretroactividad de la norma. En el momento de los juicios a jerarcas militares de la última dictadura se legisló que los que obedecían órdenes no eran responsables, sino quienes las daban. Se sancionaron leyes en el Congreso con todas las fuerzas políticas representadas y en democracia. Se hicieron los juicios y hubo tanto condenados como absueltos. No hay seguridad jurídica en un país sin debido proceso, sin irretroactividad de la ley penal, sin sentencias firmes con autoridad de cosa juzgada y con interpretaciones acomodadas de la ley para venganzas históricas o políticas. El simple hecho de que no esté garantizado el debido proceso ofrece como consecuencia tiranía, abuso de poder y provoca que peligre la vigencia del Estado de Derecho.
Pero las garantías consagradas para la protección de los derechos establecidos en nuestra Carga Magna no resultan tan efectivas con el actual sistema judicial. Para que un sistema pueda lograr este cometido, es necesario primero poder acceder a él, debe estar previsto y más importante aún, garantizado el acceso a la justicia. Este se dificulta cuando la gente convive con la sensación de que la justicia no funciona, o es demasiado lenta, o asegura impunidad a algunos, mientras se utiliza como herramienta para perseguir a otros. El descreimiento en la posibilidad de ver los resultados al reclamo planteado hace que las personas opten a veces, incluso, por no iniciar un proceso, denunciar un hecho o reclamar por sus derechos.
El Estado de Derecho es fundamental para la construcción permanente y constante del futuro. No del pasado. No se puede hablar de un Estado de Derecho si la Justicia todavía no puede determinar qué pasó con un asesinato del que habló todo el mundo, si se remueve a jueces para ocupar esos lugares con otros que son adictos, si se utilizan a los pobres como estrategia política, si un líder de un país no escucha las necesidades de su pueblo, si se modifica la constitución o se crean leyes para satisfacer a una facción política, si vivimos con una crisis tremenda de corrupción, si curamos con “aspirinetas” a los niños que sufren hambre… En fin, no se puede hablar de un Estado de Derecho si no se da lugar al cumplimiento de las libertades individuales.
El Estado de Derecho se fortalece con la persecución de delitos, con la transparencia en los accionares, con el respeto a los derechos humanos. En nosotros está ahora analizar las propuestas electorales y ver qué Estado nos ofrece cada candidato. Sí, ninguno habló del tema concretamente y a veces resulta tedioso porque se engaña a la ciudadanía que responde con desánimo y desconfianza. Pero si hay voluntad para que el Estado de Derecho esté vigente, el peligro es menor. El voto es democracia, no transmite poder, y de eso, los políticos se olvidan.
“Las amenazas a la democracia en América Latina son el terrorismo, la debilidad en el Estado de Derecho y el neopopulismo”. Mario Vargas Llosa
Ornella Tirabosco
