POR QUÉ LOS ASALARIADOS PAGAN GANANCIAS?

José Edgardo Carballo Sawula

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Ante este panorama que transita argentina, no deja de ser molesto y confiscatorio, que aquellos ciudadanos que trabajan y reciben un sueldo como contraprestación, luego se les quite un porcentaje.

De hecho, hoy se aplica la Ley 20.628 art. 79 inc. b) y c) como “ganancias de cuarta categoría”, ley que se sancionó y se sujetó a gravámenes de emergencia, en este caso a empleados y jubilados.

Si analizamos la palabra emergencia, al que se refiere el art. 1° de la referida normativa, corresponde a situaciones graves, excepcionales y transitorias.

En Argentina, a pesar de un largo período de bonanza en todos los sectores, sobre todo en lo económico, creciendo en su momento a un ritmo de 7% anual, la emergencia continuó en vigencia.

Imponer un “monto no imponible” al salario demuestra que Argentina se ha convertido en un Estado “megalómano” y elefantiásico. Necesita recaudar para cubrir el gran déficit fiscal.

Usando la ley referida, el Estado se arroga la facultad de disponer de la propiedad de la gente, fruto de su trabajo.

Entiéndase que “propiedad” comprende el salario que se percibe por “poner a disposición”, ya su proceso creativo, ya su energía a un proceso de creación de riqueza. El trabajo es la propiedad más genuina del hombre (declamaba Juan Bautista Alberdi, “Sistema Económico y Rentístico) y que bien puede ser atacada por la confiscación, tal como está ocurriendo.

Todo ser humano tiene la legítima aspiración a “poseer y a acumular”, siendo base de toda libertad y motor del progreso de la humanidad.

Pero la megalomanía estatal socialista, y su poder coercitivo, gravan al salario, expoliando mediante leyes legales (pero injustas e inconstitucionales), verificándose una verdadera confiscación, ergo, inconstitucional.

El Estado Argentino, sostiene que se “grava” a los que más tienen – con impuestos progresivos- para “re distribuir la riqueza” a los que meno tienen – esta es la falacia que tan bien manipulan.

Sin embargo, vemos que quienes reparten (el Estado) se quedan con lo confiscado y no llega a quienes menos tienen, ni se ocupan de sus básicas funciones, como la seguridad (robos, muertes, secuestros a diario) o Salud y Educación (hospitales y escuelas en males condiciones) y la lista sigue.

Esto sucede en los estados socialistas, quienes utilizan el sofisma “de unos se enriquecen porque otros se empobrecen, aborrecen el capital, se sienten complacidos con la pobreza sobre la cual sustentan su populismo.

Pero, no dudan en trasladar los males de sus gobiernos a los liberales.

Si el asalariado contara con ese dinero que coactivamente se les arrebata, podría aprovecharlo en otra actividad productiva para la sociedad, aportando ahorro interno lo que capitaliza al país, aumentando en términos nominales los salarios reales.

Los empleados alcanzados por las retenciones son los que cobran entre $ 15.001 y $ 25.000 (del sueldo bruto), a quienes se les aplicará un 20% de mínimo no imponible.

Quienes no alcancen los $ 15.000 no se modifica el mínimo no imponible ($ 8360 para solteros y $ 11.563 para los casados con dos hijos). Sigue la aplicación de la alícuota progresiva vigente de entre un 9% a 35% según nivel de ingresos, pero si se aplicará una deducción especial a partir de septiembre 2014.

El Estado quita estímulo, estorba el esfuerzo del trabajar, elimina la capacidad generadora de riqueza del trabajador. Solo nos iguala en la pobreza.

Este Gobierno incrementa el tamaño del Estado de manera grosera (1 de cada 5 argentinos es empleado público), generando un insostenible déficit fiscal, que el castigado asalariado debe pagarlo en forma compulsiva.

Con la elevada inflación, cualquier recomposición salariar, hará caer en la trampa del mínimo no imponible, o en caso de que el empleado cobre bonificaciones, como horas extras o dedicación funcional, títulos, etc.., provocaría una disminución del salario de bolsillo. Parece ridículo pero sucede en nuestro País.

Nadie discute, nadie habla de esto, nade se queja, parecemos apáticos, nos dejamos someter por el estado.

Lo cierto es que el asalariado se ve afectado, no solo con la detracción por ganancias, sino por la multiplicidad de impuestos que a la postre, sigue pagando, V.gr. I.V.A., inmobiliario, patente, servicios,, y sin olvidar la inflación galopante que es un impuesto no legislado y que afecta en particular, al tejido social más pobre.

Adam Smith sostenía que los gastos de recaudación deben ser mínimos, para bien del estado y de los contribuyentes, pues genera condiciones de progreso.

Como conclusión, es necesario tomar conciencia no solo de los actos de gobierno, sino de la actividad política misma, pues cada uno de ellos, tiene directa incidencia en nuestras vidas, debemos buscar poner límites al poder y el equilibrio en sus funciones que le son propias, eliminando todo atisbo de Estado rapaz.