Por: Lisandro Leiva (*)
Una Lectura Sobre Economía E Historia
El miércoles 17 de febrero, el gobierno de Alberto Fernández, desde la ‘’Subsecretaria de Acciones Para la Defensa de Las y Los Consumidores’’, imputó a empresas de consumo masivo ‘’por generar desabastecimiento’’. Algunas de las empresas imputadas son Molinos Cañuelas, Fargo, P&G, Paladini, Mastellone, entre otras.
Antes de pasar a explicar cómo surge el desabastecimiento en una economía por la intervención del gobierno, hay que ver el origen del mal, que es el enorme gasto público (43% del PBI) y el papel del Banco Central en relación a este tema. Resulta que el Estado no produce nada; es por ello que existe la fuente violenta de ingresos a las arcas del mismo, que son los impuestos que, actualmente, están en torno a los 176, siendo Argentina el país con la mayor presión tributaria del mundo. Cuando los ingresos por impuestos son menores al gasto público total, se produce la condición estatal del déficit fiscal en una economía (situación que la economía argentina ha experimentado, prácticamente, desde su independencia del estado español, hasta la actualidad). Este déficit, se puede financiar aumentando impuestos (genera menor recaudación, y, por ende, mayor déficit), tomando deuda (impuestos a las generaciones futuras que no han participado de la democracia actual, o siquiera, han nacido) o creando dinero ‘de la nada’ desde el Banco Central. En Argentina los impuestos, por razones lógico-deductivas, no pueden subirse más; para que se hagan una idea, más de la mitad del precio de cualquier bien en el mercado, son impuestos.
En relación a la deuda externa (que es el dinero que se pide a organizaciones financieras internacionales, como pueden ser el FMI o el Banco Mundial), la Argentina, a junio de 2020, posee una deuda de 323 mil millones de dólares, representando el 89% de su PBI. Como dato a agregar, para que las deudas sean pagables, se debe tener superávit fiscal (condición en la cual el estado no gasta más de lo recaudado), situación que se experimentó, de los últimos 60 años, en solo 6 (de 2003 a 2008). Cabe destacar que este periodo con superávit durante el primer y segundo gobierno kirchnerista, ocurrió debido al contexto internacional de aquellos años (el precio de las commodities argentinas subió, generando que aumenten los ingresos al estado, debido a la explotación del sector privado) y, además, por el ‘’Rebote del Gato Muerto’’ (rebote económico temporal luego de una gran caída), después de la crisis 2001/2002.
Hablando sobre las acciones de los Bancos Centrales, en palabras de Alberto Benegas Lynch (h), estos solamente pueden expandir la base monetaria, contraerla o dejarla igual, ocasionando, en cualquiera de las tres situaciones, crisis económicas. Como ya es bien sabido, los Bancos Centrales son el monopolio de la emisión monetaria, esto quiere decir que, coacción del estado mediante, sean la única institución autorizada a crear papel moneda. En contextos de déficits fiscales, como el caso argentino, si el gobierno opta por financiar sus gastos emitiendo (creando) dinero, en vez de reducir el gasto público, generará inflación. Este último término no es el ‘’aumento generalizado de los precios’’, definición que no ve el origen del problema, y centra su atención en el precio de los bienes que son señales de mercado que representan las preferencias y la escasez. Suponiendo que un empresario aumenta el precio de las mercancías que él oferta, sin la demanda respaldando ese precio, tendrá menos ventas, lo que se traduce en menores ingresos para su empresa.
Ahora bien, la definición verdadera de la inflación es la ‘’pérdida de valor adquisitivo de la moneda’’, y se genera cuando el Banco Central inyecta nuevo dinero en la economía. En términos meramente teóricos, y según la ‘Ley de la Utilidad Marginal’ ideada por los economistas Carl Menger (Austria), William Stanley Jevons (Inglaterra) y Leon Walras (Francia), en la década de 1870. Esta teoría económica nos cuenta que, a mayores unidades de un mismo bien, menor será el valor de cada unidad en forma individual; y viceversa, a menor cantidad de un mismo bien, el valor individual de las mismas será mayor. Este principio económico puede fácilmente relacionarse con cualquier mercancía, incluso el dinero, que es, lo que nos compete. Con el mismo razonamiento previo, se puede decir que: a mayor cantidad de dinero en la economía, menor será el valor del mismo. Por ende, cuando decaiga el valor real del dinero (inflación), subirá el precio nominal de los bienes en la economía; pero en caso de que aumente el valor real del dinero (deflación), el precio nominal de las mercancías en una economía decaerá.
Los gobiernos de corte estatista (keynesianos y marxistas) no logran entender lo anteriormente dicho, y creen que, fijando o controlando precios se logrará frenar la ‘’subida’’ de los precios. Como muchos ya sabrán, no hay ningún resultado positivo en este (y en ningún otro) tipo de intervencionismo estatal. Pero en el análisis de la prohibición de subida de precios, primeramente, genera una reducción de inversión de costes para la fabricación de tal o cual bien. Esto se traduce en peor calidad de mercancías. Pero a medida que se haga cada vez más difícil, debido al ‘’aumento’’ del precio de los bienes de capital, mantener bajos costos para con el bien en cuestión, la situación se volverá insostenible, y la empresa deberá dejar de producir tal mercancía. Es decir, habrá desabastecimiento. Con menor oferta en el mercado de tal bien, y con la misma o (incluso) más demanda, habrá un aumento inexorable de precios. Otro efecto del intervencionismo gubernamental es el surgimiento de los mercados negros, que es donde acaba la oferta del bien intervenido, habiendo precios más altos que en el mercado legal, pero ese precio es libre, y además el bien se oferta en mayores cantidades. Y, por último, pero no por ello menos importante, encontramos que, en la medida que siga la intromisión del estado en el mercado, no habrá inversiones a futuro. Esto traerá menor oferta de bienes, mayor desempleo, peor calidad de vida, menor crecimiento económico, etc.
En conclusión, por más bienintencionadas que estén las medidas intervencionistas estatales, son remedios peores que la enfermedad. Si realmente se quiere mejorar la situación económica, debe bajarse el gasto público, no emitir dinero, respetar la propiedad privada, abrir el mercado local para que compita, tanto a nivel nacional como internacionalmente, con el resto del mundo, y muchos otros elementos fundamentales que deben realizarse.
(*) Lisandro Leiva
Liberal Libertario
Estudiante de Educación Secundaria
Miembro del equipo de Artículos del Club de la Libertad
