Por Mauro Sebastian Velazquez
Ahhh, qué mejor momento para impulsar una reforma en la justicia federal que en medio de una pandemia que azota a todo el planeta, en la cual en nuestro país se destruyeron sectores productivos, se incrementaron los ataques al campo (rotura de silobolsas, robos, incendios, retenciones), se violaron garantías constitucionales (Art. 14, libertad de ejercer industria lícita, derecho a circular dentro del territorio), creció la inseguridad (tal vez por la medida de liberar 4000 reos), se congelaron jubilaciones (cuando el Presidente prometió que al otro día de asumir las iba aumentar un 20%), etc etc
Se podría seguir nombrando medidas incoherentes, tal vez para la oposición, ya que para el oficialismo todas y cada una de ellas se encuentra perfectamente justificada como “necesaria” para paliar esta situación de pandemia.
Ahora, lo que nos convoca en esta ocasión, es discutir el criterio de oportunidad empleado, para introducir una reforma en la justicia teniendo en cuenta lo mencionado ut supra.
¿Qué esconde esta supuesta “reforma judicial”?
Son numerosas las voces alzadas en contra de ella, partiendo que se tratará de una propuesta que creará tensión adicional, en una sociedad ya estresada, producto de atravesar la cuarentena más larga del mundo, empleándose métodos dignos del siglo X.
Dicha reforma busca la creación de aún más cargos en la justicia, sobre un sistema ya superpoblado e ineficaz. Se sostienen procedimientos dudosos que lo único que logran es afianzar los rumores de impunidad para Cristina Fernández de Kirchner y sus secuaces.
Mientras la economía se derrumba, dicha reforma tendrá un costo de $4 mil millones anuales.
El sector de Juntos por el cambio, ha expresado su negativa a tratar el proyecto de forma remota, teniendo en cuenta los comportamientos anti republicanos y totalitarios de la Vice Presidenta, al cortar el micrófono a los referentes de la oposición al momento de exponer.
Dos Cámaras del Crimen ha expresado su malestar e indignación contra la reforma, como también los Miembros del altísimo Tribunal de la Nación, al considerar que el Ejecutivo está “metiendo la mano”, en asuntos que no son de su incumbencia. Dicho proyecto que deberá ser aprobado en el Senado, busca manchar aún más la organización y funcionamiento de la Justicia por los tentáculos de la política, sobrecargarla de “consejeros” y remover de la opinión a magistrados, fiscales y hasta de los propios jueces de la Corte.
No es novedad este intento por parte del kirchnerismo, ya que desde años atrás han pregonado mayor injerencia de la política en la Justicia.
La Cámara en lo Contencioso Administrativo ha declarado la inconstitucionalidad de la reforma, aguardando la confirmación o rechazo por parte de la Corte Suprema.
Referentes de la UCR han expuesto que lo que busca esta reforma es la destrucción de la poca independencia que ostenta el Poder Judicial, y aún más, poniendo en grave riesgo al sistema republicano.
En fin, son variadas las voces que se mostraron en favor y en contra de este proyecto, pero es preciso observar muy detenidamente no sólo lo que se “gana”, sino lo que se PIERDE, y de aprobarse este proyecto, marcaría un camino para nuestro país, prácticamente sin retorno a destinos aciagos.
Mauro Sebastian Velazquez
Abogado
