Por: Alberto Medina Méndez (*)
Un episodio inaudito que se convirtió en un escándalo dio paso a múltiples consecuencias que todavía no se logran dimensionar adecuadamente.
Una celebración familiar, en plena vigencia de la peor versión de una cuarentena controversial, realizada en una residencia oficial tomó estado público obligando a dar explicaciones que aparecen como extemporáneas.
El tema tiene muchas aristas desde las cuales puede ser abordado. La inapropiada posición de sus ejecutores, la mentira como una matriz, la complicidad de los entornos y hasta el innegable oportunismo opositor, son sólo algunas de esas vertientes que podrían ser analizadas en profundidad.
Un aspecto poco explorado es la omnipresente “picardía criolla” vinculada al ocultamiento. El problema pareciera no ser el acontecimiento, sino su descubrimiento y eso constituye una confesión explícita de inmoralidad.
Las argumentaciones aparecen solamente porque todo fue revelado. Los protagonistas de aquel momento no desconocían el suceso, pero lo mantuvieron premeditadamente en silencio porque comprendían no sólo su peligrosidad política, sino lo absolutamente impropio de aquel evento.
Lo más significativo es detenerse en un ángulo que muestra de cuerpo entero no sólo a los patéticos personajes de la política, sino también a una ciudadanía que no deja de sorprender por su mansedumbre y descaro. Es razonable que ante este caso aflore la sensación de haber sido burdamente engañado generando bronca e impotencia, pero no se puede desconocer, así nomás, la evidente desproporción que esto demuestra.
Al enterarse de esta noticia y del modo que se dio a la luz, muchos sienten que se han estado burlando de ellos de forma descarada. Sin embargo, sería muy simplista quedarse con lo superficial del incidente sin enfocarse en las verdaderas responsabilidades de una comunidad que es fácilmente estafada como producto de su inexplicable e inagotable ingenuidad.
A estas alturas más que llorar frente al embuste buscando a los culpables alrededor, sería muy saludable hacerse cargo de las decisiones cívicas que se tomaron por acción u omisión, identificando además a los partícipes necesarios de esta disparatada secuencia de desatinos. La sobreactuación de esos políticos que apelan a un instrumento previsto en la norma constitucional para poner en jaque al primer mandatario es el mayor síntoma de una población enfermiza que se hace la distraída al no tomar nota de la pésima actitud que adoptó cuando esto comenzaba. Es paradójico que recién ahora recurran al texto de la Carta Magna para justificar el uso de una herramienta formal disponible que les permita cuestionar los desaciertos presidenciales. Parecen ignorar que esa misma Constitución fue violada alevosamente desde el inicio de la pandemia, cuando se instauró una suerte de Estado de Sitio para prohibir la circulación de los habitantes avasallando todo tipo de derechos individuales. La lista de atropellos en los que se ha incurrido desde que esta “temeraria aventura” comenzó es interminable. Cientos de abusos de poder fueron implementados no sólo por el gobierno nacional, sino además por los provinciales y municipales. Sería bueno recordarles esto a los desmemoriados.
En ese marco de arbitrariedades nadie movió un dedo para recordar lo que dicen las leyes supremas de este país. El oficialismo servil desplegó su perfil cuasi tiránico, forzando imperativamente un encierro inadmisible. Lo hizo sin piedad, con un autoritarismo inconcebible y dando indecorosos sermones a los rebeldes que rechazaban tantos excesos de ilegalidad.
La oposición, bajo ese perverso esquema, contribuyó enormemente apoyando estos delirios sin chistar, siempre observando de reojo las encuestas que daban cuenta de una popularidad presidencial elevadísima y de una ciudadanía asustada que respaldaba las eternas cuarentenas.
La Justicia tampoco debería ser eximida de sus incumbencias. En lugar de ejercer su rol miraron al costado cuando las libertades estaban siendo limitadas a mansalva y muchos perdieron sus ingresos de la mano de absurdas legislaciones que no tenían amparo jurídico ni ético. Ellos tampoco han admitido sus errores y pretenden que ahora todos sean compasivos desconociendo ese funcional comportamiento que no titubeo en avalar los agravios a esa Constitución que hoy quieren revalorizar.
La gente también prefiere olvidar su papel en este dislate cayendo así en la misma hipocresía que hoy le endilga al Presidente. Una sociedad que exige honestidad intelectual a sus líderes debería tener al menos la decencia de asumir algo de su desfachatez.
Los que apoyaron los aislamientos masivos y amenazaban con sanciones de todo tipo mientras se contradecían otorgándose excepciones para sí mismos ahora se horrorizan por idénticas acciones a las suyas y entonces aspiran a desempolvar esa misma Constitución a la que no dudaron en pisotear cuando no encajaba con sus caprichos.
Poca memoria, mucho cinismo y una incomprensible inmadurez cívica describen este tiempo. Antes de impulsar un juicio político habría primero que escuchar a los que todavía no se arrepintieron públicamente y, evidentemente, se creen con la autoridad moral suficiente para evaluar a los demás sin reconocer un centímetro de lo que dijeron en aquella ocasión, de lo que hicieron en el peor instante y lo que dejaron de hacer cuando toda esta parodia se iniciaba y los déspotas actuaban a cara descubierta.
(*) Alberto Medina Méndez
Periodista y Consultor
Presidente Fundación Club de la Libertad
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@amedinamendez
