Por Enrique Esteban Arduino
Un fenómeno criminal relevante a nivel mundial es la trata de personas, del cual la Argentina no está exceptuada. Muy relacionado con los flujos migratorios, son sus principales víctimas migrantes en situaciones de vulnerabilidad que buscan mejores condiciones de vida en otros países o, internamente, en otras provincias. Captados por medio de promesas o engaños, se los somete a la trata tanto de índole sexual, laboral y política.
Como ejemplo de trata de personas con fines laborales, trabajadores golondrinas son sometidos laboralmente a condiciones de esclavitud, que no respetan las leyes y convenios vigentes, con condiciones de vida mínimas en lo alimentario y lo habitacional, todo ante la imperiosa necesidad de conseguir su sustento. La trata de personas con fines políticos se ve reflejada en comunidades que subsisten de la prebenda política, y son movilizadas en ocasión de voto al lugar donde es necesario el de ellos para definir el comicio, o simplemente se les retira el documento que lo identifica para que otros ejerzan el voto por ellos.
Pero no por ello debemos omitir que es la prostitución el ámbito concreto donde se desarrolla la trata de personas con fines de explotación sexual ajena; específicamente, en este caso, se configura la llamada “trata de blancas” y se vincula, por oposición, a la “trata de negros”, el comercio de esclavos traídos, principalmente de África al Brasil y desde allí a la Argentina. La prostitución y la trata de personas con fines sexuales nacen antes que la Nación Argentina, comenzando a ser legalizada en 1875.
El proxenetismo era, cuando no reconocido, tácitamente aceptado. Con las primeras redes de Trata de Personas, los extranjeros con más expertise en la actividad, ganarán el “mercado” a los explotadores nacionales. Los delincuentes de origen europeo –principalmente franceses, rusos, polacos, rumanos- veían en el “negocio” una gran empresa trasnacional que asumiría sorprendentes niveles de organización.
Dos grandes “sociedades” dominarán el mercado durante buena parte del siglo XX.
La MILIEU, organización no jerárquica integrada por marginales y delincuentes franceses (principalmente marselleses), ha sido menos investigada que su gran competidora, la Sociedad Israelita de Socorros Mutuos ‘Varsovia’, luego rebautizada como ZWI MIGDAL, la que mayor organización y éxito tuvo de ambas. A diferencia de la Zwi Migdal, la Milieu no es una organización vertical ni estructurada.
De aquí nacen también algunos calificativos propios del ambiente. Las meretrices de la Milieu eran las “Francesas”, ya que mayoritariamente provenían de Francia, y eran apreciadas por sus habilidades en el desarrollo de sus tareas. Las de la ZM, eran las “Polacas” y provenían principalmente de países eslavos y eran apreciadas por su físico espigado, los colores claros de sus cabellos y sus ojos, y la blancura de su piel; algunas también llamadas las “Rusas”, por su profesión religiosa.
La estructura y modus operandis de las organizaciones de trata de personas tal como las conocemos hoy, son herederas de la organización desarrollada por la ZM en sus años operativos, que hasta su disolución fueron aproximadamente 20.
La Asociación establecía que a la Comisión Directiva le correspondía intervenir en las operaciones corrientes de: 1) compraventa de mujeres; 2) indemnizaciones a los socios que por una u otra causa quedarán sin mujeres… La indemnización tenía como única finalidad permitir al caftén (proxeneta, o fiolo en lunfardo) trasladarse a Europa para obtener otra mujer; 3) todo lo relativo al traslado de prostitutas a los distintos lenocinios; 4) aplicación de multas a los remisos en el cumplimiento de sus obligaciones; 5) la fijación de cuotas sociales para hacer frente a las coimas, dádivas, donaciones, etc.; 6) el estricto control del remate; 7) las sanciones a las prostitutas que no cumplían con las exigencias de su caftén. Se las enviaba a prostíbulos de ‘campo’ donde la estadía se tornaba espantosa. Los tres modos de reclutamiento eran: prostitutas experimentadas que sabían a lo que venían, casamientos religiosos fraguados que contraía el mismo rufián por decenas y, finalmente, la importación de mujeres engañadas para supuestos trabajos decentes.
Si bien las principales ciudades donde actuaban eran Rosario y Buenos Aires, con el tiempo se expandieron por el país, llegando sus actividades, con la fiebre del petróleo, hasta la austral Comodoro Rivadavia.
Todo esto era posible gracias al cohecho y al soborno a los agentes municipales y policiales y a su fuerte vinculación política. Mucho tiempo ha pasado, pero si la trata de personas sigue tan saludable y floreciente en nuestros días, se debe exactamente a lo mismo que en aquellos tiempos.
Hoy, 30 de julio, se celebra en nuestro País el Día de la Lucha Contra la Trata de Personas. El objetivo de la conmemoración es alertar sobre la situación de las víctimas de trata de personas y promocionar y restituir sus derechos. La OIT estima que casi 21 millones de personas en el mundo son víctimas de trabajo forzoso. Esta cifra incluye a las víctimas de trata para la explotación laboral y sexual, de las cuales un tercio son niños. Este delito representa una grave violación a los derechos humanos y constituye el tercer delito en importancia mundial, detrás del tráfico de armas y de drogas.
Aunque en los últimos años el Estado federal y las provincias han implementado normas para la persecución del delito y asistencia durante el proceso de rescate, la trata de personas es una grave ofensa contra los derechos humanos de las personas que lo sufren, por lo que requiere medidas especiales de asistencia a sus víctimas.
Sin embargo, los Estados no siempre adoptan medidas eficaces.
Son necesarias políticas públicas enfocadas en la asistencia a las víctimas aceptadas como una obligación internacional asumida por los Estados a través de los tratados internacionales, que de no implementarse implicarían la responsabilidad internacional por la falta de una debida diligencia.
En Argentina, aunque se avanzó en estos últimos años en la creación de leyes para su lucha y el brindar herramientas de asistencia, aún quedan por plasmarse en programas eficaces de ayuda a mediano y largo plazo a las víctimas.
La reciente entrada en vigor del Reglamento de la Ley de Trata sobre aspectos de asistencia a las víctimas no ha logrado una adecuada implementación en todo el país, ya sea fruto de las discrepancias políticas o la superposición y duplicidad de programas, siendo ese el desafío que las autoridades deben considerar a la brevedad.
Enrique Esteban Arduino
Director Académico
Fundación Club de la Libertad
Corrientes, Argentina
