María de los Ángeles Miqueri
Miembro del Grupo Jóven de la
Fundación Club de la Libertad

Uno de los temas más controvertidos a lo largo de la historia, que no por eso pierde vigencia, es el debate entre quienes están a favor y quienes están en contra de la posesión de armas, sean estas de fuego o de cualquier otra especie.

En la antigüedad, el individuo libre interpretaba la tenencia de armas como un símbolo indiscutible de estatus social, pero más allá de ello, las armas le permiten ser un contrapeso del poder, puesto que con ella podía defenderse no solo de otros individuos, sino también de los abusos del gobierno. Por esta razón el estado siempre ha tendido a controlar y reducir el número de armas entre los habitantes de su territorio, a quienes considera potenciales enemigos, a la vez que trata de asegurarse para si el monopolio de las armas, es decir, de la fuerza.

Ahora bien, si la Ley fundamental del país, la Constitución Nacional, asegura la libertad de los habitantes de la nación, por ende sus derechos individuales, entre ellos el derecho a defenderse, ¿Por qué es el Estado quien decide cómo deben defenderse sus habitantes?

Bajo la aureola de legitimidad que da el llamado Estado de Derecho y la democracia, se supone que todos somos iguales ante la ley, así que para justificar el control de armas se utilizan argumentos que aluden a una cuestión de seguridad, pero ¿seguridad para quién? A pesar de la deficiente seguridad ciudadana, el objetivo sigue siendo el mismo: mantener a los enemigos potenciales desarmados.

La posesión de armas no puede depender del gobierno, pues las personas son libres de tomar las decisiones que considere adecuadas para su vida privada, en la que el Estado no debe influir. Siempre y cuando estas decisiones sean tomadas consciente y responsablemente, es decir, además de los variados argumentos referentes a los riesgos que las armas representan en manos inexpertas, dichas armas deben ser adquiridas de manera legal, en cumplimiento de los requisitos establecidos por los organismos pertinentes y que la motivación principal de su adquisición sea exclusivamente para defensa personal, de la familia y la propiedad privada.

Con esto no pretendo menospreciar el desempeño de las Fuerzas Armadas, pues a mi criterio, uno de los fines del Estado es la defensa y seguridad nacional, pero esto no significa que estas puedan irrumpir en las instituciones privadas, violando la privacidad, lesionando y tomando decisiones que no le corresponden hasta tanto no se expida el correspondiente jurado, en pos de hacer cumplir las garantías constitucionales innegables propias de los habitantes de esta nación.

No obstante mi posición a favor de la tenencia de armas, las fuerzas policiales se hacen necesarias en la protección y defensa de los sectores vulnerables de la sociedad, como ser niños, enfermos y ancianos que puedan valerse por sí mismos; aun así nunca en detrimento de los derechos y garantías constitucionales.

Los países con problemas de delincuencia tienden a restringir mucho el acceso a las armas, pero ello no sirve para reducirla.

El control de armas solo sirve para impedir que el ciudadano común pueda defenderse en forma legal. Estadísticas muestran que las armas son el método de defensa personal menos lesivo, seguro y más efectivo, incluso a no resistirse.

Basándome en datos históricos y actuales de varios países, obtenidos de diversas fuentes, puedo decir que no hay ninguna prueba de que más armas impliquen más muertes. La posesión de armas no tiene un impacto (positivo o negativo) en la tasa de crímenes violentos.

Por lo mencionado anteriormente, para explicar la delincuencia habrá que buscar otras causas, ya sean sociales, económicas, políticas, culturales u otras.

En definitiva mayor número de armas no implica más crímenes y la restricción basada en la seguridad no tiene ninguna validez.

Para los delincuentes es muy fácil conseguir armas en el mercado negro y no digamos para las mafias y bandas organizadas que tienen auténticos arsenales, incluso de armas de guerra. Políticos, famosos o grandes empresarios, en ocasiones relacionados con los anteriores, tampoco tienen problemas en conseguirlas.

En conclusión, las armas ilegales en manos equivocadas son la principal causa del problema y el ciudadano honrado desarmado, por decisión del Estado, no tiene mayores chances de sobrevivencia ante cualquier ataque.

Aunque aquí cabe una reflexión, si la intención primordial de la tenencia de armas es la defensa de la vida, la libertad y la propiedad privada ¿hasta dónde mis derechos son lo suficientemente grandes para privar a mi atacante de los suyos y causarle la muerte? En mi opinión, las armas deben ser usadas para defensa, nunca para matar, sea otra persona, sea cualquier otro ser vivo, pues así como yo tengo derecho a vivir, los demás también lo tienen y para defenderme vale una herida que detenga e inmovilice a mi atacante, dándome el tiempo de huir.

Darle al Estado el monopolio de la fuerza y en última instancia, el control sobre la población, impidiendo que esta se defienda y que dependa de él, incluso aunque no haga bien su trabajo, jamás será garantía de seguridad, protección y defensa; pues la sociedad seguirá estando formada por privilegiados y no privilegiados, para los que la ley es la misma, no así la forma de reconocérsela; nosotros estamos en el último grupo, por mucha palabrería de democracia, igualdad y Estado de Derecho, tan ausentes como ignorados.